El Partido Popular se arrodilla ante Vox y liquida el requisito de catalán en la función pública
El Govern de Marga Prohens ha consumado su rendición ante las exigencias de la formación de Santiago Abascal, dinamitando un pacto social que ha garantizado la convivencia durante décadas en el archipiélago. A través de tres enmiendas a la Ley Ómnibus, el ejecutivo balear desmantela la obligatoriedad del idioma propio en las plazas de difícil cobertura, permitiendo que docentes, sanitarios y personal técnico accedan a la administración sin acreditar el conocimiento de la lengua. Esta claudicación política supone un golpe demoledor al estatus del catalán, que pasa de ser un derecho ciudadano a un obstáculo a eliminar. La traición a l'amo en Canyellas se ha cumplido.
El equilibrio institucional que Balears construyó piedra sobre piedra desde el inicio de la autonomía ha saltado por los aires este lunes en el Parlament. En un ejercicio de supervivencia legislativa, el Partido Popular ha entregado las llaves de la política lingüística a sus socios de Vox, aceptando un retroceso histórico que sitúa al catalán como una lengua de segunda categoría. El consenso que un día unió a las fuerzas políticas para proteger el patrimonio inmaterial de las islas ha sido sacrificado en el altar de una negociación presupuestaria que deja al catalán herido de muerte.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no ha ocultado su euforia al anunciar el fin de lo que ella llama "muros ideológicos". El impacto en las aulas es inmediato y desgarrador: por primera vez en cuarenta años, se permitirá que profesionales sin capacitación lingüística asuman plazas estructurales en la enseñanza pública, rompiendo la continuidad pedagógica y el modelo de integración que ha definido a las islas. La prioridad del bloque conservador es clara: que la eficacia administrativa sirva de excusa para silenciar el requisito idiomático. Un paso de gigante para la substitución demogràfica y lingüística.
Desde el PP, Marga Durán ha tratado de minimizar el impacto hablando de "flexibilidad", pero el articulado no deja lugar a dudas. La exención del catalán se extiende a categorías como celadores, auxiliares de limpieza y mantenimiento, creando una administración donde el ciudadano pierde el derecho a ser atendido en su propia lengua en sectores esenciales.
El acuerdo remata la faena con una devaluación académica sin precedentes: rebajar la nota mínima del 8 al 7 en Bachillerato para obtener los títulos B2 y C1. No es solo un cambio administrativo; es la voladura controlada de un sistema que entendía la lengua como una herramienta de cohesión y no como un estorbo. El Partido Popular firma así su capitulación ante el relato de Vox, dejando el consenso lingüístico de Baleares convertido en escombros. La traición de la discípula al mentor se hace realidad---
