El pacto entre PP y VOX permitirá a profesores dar clases sin conocimientos de catalán
La nueva reforma educativa en las Illes Balears ha abierto un frente jurídico y político. El pacto entre PP y Vox permite ahora que profesores de asignaturas con muchas vacantes, como Matemáticas o Historia, puedan trabajar y consolidar su puesto como funcionarios de carrera sin tener el título de catalán. La medida busca solucionar de forma urgente la falta de docentes en los centros, pero la oposición advierte de que el texto legal no pone límites claros a esta excepción. Desde las filas de Coalició PER MALLORCA han señalado al catalán como requisito esencial en la función pública para garantizar una administración de calidad y cercana. .
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, defiende que la prioridad es que ningún alumno se quede sin clase por falta de personal. Según los populares, será el Consell de Govern quien decida, caso por caso, qué plazas son de "muy difícil cobertura". Aunque el partido asegura que estos docentes no tendrán plaza definitiva hasta que aprueben el nivel de idioma, el texto aprobado no especifica ninguna fecha límite ni obligación posterior. Esta falta de detalle en el papel es lo que ha generado el choque con los servicios jurídicos y los partidos de la oposición.
Desde Més per Mallorca consideran que esta decisión es un golpe directo al sistema educativo y denuncian que abre la puerta a blindar a funcionarios que no cumplen con los requisitos actuales. Los ecosoberanistas critican que la ley no menciona que los afectados deban sacarse el título más adelante, lo que podría crear una categoría de profesores exentos de por vida. Además, la reforma incluye que los alumnos que vivan de forma temporal en las islas también puedan librarse de ser evaluados en la asignatura de catalán para no perjudicar sus notas.
Por su parte, Coalició PER MALLORCA defiende el catalán como requisito esencial en la función pública para garantizar una administración de calidad y cercana. La formación apuesta por reforzar las políticas de normalización lingüística como herramienta de cohesión social e igualdad de oportunidades. Ante la falta de profesionales, proponen incentivos y mejoras laborales en lugar de rebajar las exigencias idiomáticas. Su compromiso se centra en proteger la lengua propia para asegurar que el servicio público se adapte plenamente a la realidad de las Islas.
Esta modificación del artículo 85.2 de la Llei d'Educació cambia las reglas del juego en el acceso a la función pública. Hasta ahora, el idioma era una barrera obligatoria para cualquier plaza fija; a partir de ahora, la necesidad de cubrir el aula pasará por delante de la titulación lingüística en casos específicos. El Govern insiste en que no quiere eliminar el requisito de forma general, sino evitar que las plazas de especialistas en islas como Ibiza o Formentera queden vacías año tras año.
