El Govern del PP dinamita el consenso histórico de Canyellas al permitir que docentes sin el título de catalán logren plaza fija.
El conseller de educación Antoni Vera, ha reconocido en el Parlament una decisión que marca un punto de inflexión en la autonomía balear: los docentes que cubran plazas de "muy difícil cobertura" podrán ser funcionarios de carrera sin acreditar el requisito del catalán. Para esquivar la Ley de Normalización Lingüística de 1986, el Ejecutivo de Marga Prohens ha diseñado un limbo administrativo denominado "expectativa de destinación". Estos funcionarios tendrán garantizado el sueldo y el puesto, pero se les vetará la movilidad geográfica y el derecho a traslado hasta que no obtengan la titulación, una medida que la oposición califica de "traición" al modelo de cohesión que el propio PP ayudó a construir hace cuatro décadas. Un rumbo que ni el gobierno de Bauzà se atrevió a impulsar.
La aplicación de este "truco" legal conlleva un castigo administrativo severo para los afectados: al no poseer la titulación, el sistema les deniega la participación en los concursos de traslados. En la práctica, estos funcionarios quedan condenados a ocupar las plazas vacantes que nadie solicita o a enfrentarse a desplazamientos forzosos cada año, convirtiéndose en una suerte de "docentes nómadas" dentro del sistema público. Diversos juristas advierten que a la larga estos funcionarios denunciaran su situación y serán “homogeneizados” con el resto de trabajadores públicos- Esta situación busca atraer profesionales de fuera de las islas para cubrir el déficit de profesorado, pero a costa de crear una categoría de funcionarios con movilidad limitada y derechos laborales mermados. Una táctica condenada al fracaso si tenemos en cuenta el nulo impacto que ha tenido entre el sector de los sanitarios.
Sin embargo, los efectos ya se sienten en el día a día de los centros, especialmente en Formentera y las Pitiüses. La llegada de docentes sin nociones de la lengua propia ha provocado una fractura operativa: la imposibilidad de comprender informes técnicos, protocolos educativos o plataformas digitales en catalán está generando tensiones en la convivencia escolar. Según denuncian sindicatos y la oposición, esta falta de competencia lingüística no solo dificulta la gestión interna de los institutos, sino que vulnera el derecho de los alumnos a recibir una educación integrada en la realidad lingüística de Baleares.
