La ley diseñada para el procés se convierte en el blindaje judicial de Pedro Bestard
La reforma de la malversación de 2022, pactada originalmente para rebajar las penas a los cargos medios independentistas, ofrece ahora una vía de escape técnica a Pedro Bestard ante el presunto uso privado de coches oficiales. El nuevo Código Penal distingue entre el robo de fondos y el uso temporal de bienes públicos, una modificación "ad hoc" que permite a los políticos eludir la prisión si el recurso utilizado, como un vehículo del Consell de Mallorca, vuelve a la administración tras su uso particular.
La Ley Orgánica 14/2022 introdujo una distinción técnica que separa la apropiación de fondos del simple uso temporal de bienes, una modificación que beneficia directamente a perfiles bajo investigación como Pedro Bestard. El nuevo marco legal, diseñado originalmente para aliviar las penas de los cuadros intermedios del independentismo catalán, reduce drásticamente las consecuencias penales si el investigado devuelve el patrimonio público tras su uso privado.
El paralelismo jurídico entre los encausados por el referéndum del 1-O y la situación del actual vicepresidente del Consell de Mallorca reside en la aplicación del Artículo 432 bis. Esta normativa se considera "ad hoc" por tres factores documentados: la urgencia de su tramitación en pleno diálogo político de Pedro Sánchez con ERC y JUNTS, la recuperación de la distinción entre "lucro" y "uso" que se había eliminado en 2015, y la creación de un tipo atenuado que evita la entrada en prisión para quienes no se queden con el dinero de forma definitiva.
En el caso de las acusaciones contra Bestard, la defensa dispone de un camino trazado por la reforma de 2022: sostener que los vehículos nunca salieron del patrimonio público y que, por tanto, no existe malversación agravada. Aunque el uso de recursos institucionales para actos de partido o fines particulares suponga un ahorro personal en combustible y logística, la ley actual prioriza la recuperación del bien mueble (el coche) para imponer penas que, en la mayoría de los casos, se limitan a la inhabilitación o multas económicas, alejándose de los años de cárcel que marcaba el Código Penal anterior.
