El vicepresidente del Consell de Mallorca justifica el uso de vehículos oficiales fuera del trabajo por no tener vida social
El vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Transparencia para dar explicaciones sobre el estacionamiento de dos turismos oficiales, un Dacia y un Subaru, frente a su domicilio particular. Durante la sesión, el conseller de Vox ha rechazado que exista un uso indebido de los recursos de la institución insular, argumentando que su jornada laboral se extiende hasta altas horas de la madrugada y que pernoctar con los coches en su vivienda responde a una cuestión de eficiencia económica. Sin embargo, la comparecencia no ha despejado las dudas sobre la ausencia de rotulación corporativa en los vehículos ni sobre las discrepancias detectadas en su agenda pública, que fue modificada tras publicarse las primeras informaciones periodísticas. Coalició PER MALLORCA, a través de su portavoz Antoni Salas, ha denunciado una presunta intencionalidad al ocultar los logotipos del Consell, mientras que el PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca han solicitado su cese inmediato.
El número dos de la administración insular ha defendido su gestión alegando que la extensión territorial de su departamento y la dispersión de las instalaciones obligan a desplazamientos constantes. El responsable de Medio Ambiente ha asegurado que su presencia en actos no registrados en la agenda oficial se debe a una dedicación absoluta al cargo, llegando a afirmar que no dispone de tiempo para el ocio personal. No obstante, las pruebas gráficas aportadas por el diario UH, demuestran que el Subaru fue utilizado para asistir a eventos de su partido, VOX, el pasado 25 de abril, fecha en la que no constaba ninguna actividad institucional prevista. A esta controversia se suma la denuncia del personal sobre el bloqueo de una camioneta Ford Ranger que los trabajadores no pueden emplear por orden directa de la vicepresidencia.
El marco legal complica la situación de Pedro Bestard, ya que el artículo 432 bis del Código Penal castiga el desvío de patrimonio público para fines ajenos a la función administrativa con penas de hasta tres años de prisión. Expertos jurídicos, consultados por UH, señalan que la sistematicidad de estos hechos podría encajar en el delito de malversación, especialmente al tratarse de vehículos que carecían del vinilo obligatorio para evitar su identificación. Mientras la investigación interna del Consell sigue su curso, el presidente Llorenç Galmés ha evitado pronunciarse directamente, dejando la responsabilidad en manos de los servicios técnicos. Según ha podido comprobar UH, el conseller de VOX ha ampliado posteriormente su agenda para intentar tapar las horas que había utilizado el coche sin el control pertinente. El investigado dispone ahora de un margen para presentar una relación detallada de todos los trayectos realizados durante los últimos meses bajo sospecha.
