La historia se repite en Son Sant Joan, pero esta vez con un guion legal que ata de manos a las fuerzas de seguridad. Esta madrugada, nueve personas han sido detenidas tras simular una emergencia y provocar graves altercados en un vuelo procedente de Túnez. El objetivo es claro: pisar suelo español a cualquier precio. Y el precio, paradójicamente, lo marca la jurisprudencia.

El nuevo asalto calca la estrategia del "avión patera" de 2021, cuyos protagonistas siguen en España. La Audiencia Provincial de Baleares rechazó expulsarlos, argumentando que el acuerdo de devolución es "incompatible" con el procedimiento penal abierto contra ellos. Es decir, al haber cometido delitos graves (sedición o desórdenes públicos) y estar procesados, no pueden ser devueltos a su país, quedándose en territorio nacional a la espera de un juicio que pide penas de cárcel, pero que garantiza su permanencia sine die.

Este blindaje judicial ha convertido una brecha de seguridad en una oportunidad de oro para las mafias de trata de personas. El mensaje que llega a las redes de inmigración ilegal es devastador: si entras pacíficamente, te devuelven; si revientas un avión y cometes un delito, te quedas para ser juzgado.

Mientras la Fiscalía solicita cinco años de cárcel para los asaltantes de 2021 por generar "caos y agitada confusión", los nueve detenidos de hoy saben que, con la ley en la mano, su expulsión inmediata es casi imposible. El sistema judicial y el control fronterizo han chocado, y en esa grieta, el "avión patera" se ha hecho fuerte.