Cort inicia el desalojo con el miedo vecinal a la violencia y a un tsunami de ocupaciones por toda Palma
El Ayuntamiento de Palma ha blindado este miércoles los alrededores de la antigua prisión para proceder a un desalojo que mantiene en vilo a toda la ciudad. La operación, marcada por el riesgo de enfrentamientos violentos, se desarrolla a escasos metros de un centro escolar, lo que ha disparado la alarma entre padres y profesores. Mientras las fuerzas de seguridad avanzan, el pánico se extiende por las barriadas colindantes ante la falta de un plan de reubicación para las 200 personas que hoy quedan en la calle y el temor a una oleada de okupaciones masivas en viviendas del resto de la ciudad.
Palma amanece hoy con el corazón en un puño. El despliegue policial en la cárcel vieja no es solo una cuestión de orden público, es un polvorín social a punto de estallar. La proximidad de la escuela Amanecer y el tránsito de menores en plena hora punta de entrada al colegio ha convertido el desalojo en una operación de alto riesgo. Según informan fuentes policiales, la tensión entre los moradores es máxima; muchos aseguran que no abandonarán sus "celdas" sin resistencia, lo que ha obligado a reforzar el perímetro ante la posibilidad real de brotes de violencia en plena vía pública.
El sentimiento de inseguridad no se queda tras los muros del penal. Los vecinos de Cas Capiscol y zonas próximas viven con el miedo de que el fin de la cárcel vieja sea el inicio de un problema mayor: el "efecto dispersión". Sin una alternativa habitacional ofrecida por Cort —más allá de plazas temporales en albergues saturados—, la pregunta que recorre los grupos de WhatsApp vecinales es devastadora: "¿A qué casa irán ahora?". El temor a que estas 200 personas, movidas por la desesperación, comiencen a okupar viviendas vacías o locales en otros barrios es una preocupación que el Ayuntamiento no ha logrado mitigar.
La prensa internacional también observa con lupa el conflicto. Medios como el Majorca Daily Bulletin destacan la degradación extrema del recinto, mientras que rotativos como el británico The Guardian, en sus análisis sobre la crisis de vivienda en el Mediterráneo, señalan este caso como el ejemplo perfecto del fracaso de las políticas urbanas. El Obispado de Mallorca, aunque dispuesto a dialogar, se encuentra en una encrucijada legal, mientras la oposición denuncia que lanzar a 200 personas a la calle sin un destino previsto es "trasladar el problema de un punto A a toda la ciudad".
El drama humano es innegable, pero la presión vecinal es igual de potente. Las familias de la zona exigen seguridad para sus hijos y garantías de que sus barrios no se conviertan en el nuevo objetivo de un asentamiento precario. Palma se enfrenta a un espejo incómodo: una ciudad de lujo que no sabe qué hacer con su propia exclusión y una sobrepoblación que aumenta dia a dia.
