ASEGURA QUE RECIBÍA ÓRDENES POR ANTERIORES CONFLICTOS EN LA ZONA

"Los moros no entraís aquí". Un portero de discoteca colombiano a juicio por no dejar pasar a tres marroquíes

"Los moros no entraís aquí". Un vigilante de seguridad de origen colombiano se sienta desde hoy en el banquillo de los juzgados de Vía Alemania. Ayer no hubo acuerdo entre las partes y ahora se enfrenta a una petición de tres años de inhabilitación profesional, a pesar que la ley alcanza los 4 años de cárcel por delitos de odio. La Fiscalía sostiene que el empleado impidió el acceso a una discoteca de Magaluf a tres clientes basándose únicamente en su nacionalidad.

Portero de discoteca en el juicio
Portero de discoteca en el juicio

El proceso judicial contra este trabajador de 43 años y nacionalidad colombiana ha entrado en su fase definitiva en Palma. Los hechos ocurrieron en un local de la avenida de s'Olivera, donde el acusado supuestamente interrogó de forma insistente a tres jóvenes sobre su país de origen. Al saber que eran de Marruecos, les cerró el paso, alegando que los jefes no los querían ya  que habían leído en prensa que unos dias antes unos clientes "con pinta de moros" habian salido con una chica y la violaron. 

Magaluf
Magaluf

El Ministerio Público considera que esta actuación es un delito de odio. Por ello, pide que el hombre no pueda ejercer su oficio durante tres años y que pague 1.000 euros a cada uno de los afectados. El portero, por su parte, se defiende diciendo que solo cumplía órdenes de sus jefes para vigilar más a ciertos perfiles tras incidentes previos en la zona. Como ayer nadie cedió en la reunión previa, el juicio se realiza para decidir si hubo trato discriminatorio.

Aunque la petición actual se centra en la inhabilitación, el Código Penal español permitiría una acusación mucho más severa. Al estar tipificado el delito de odio en el artículo 510, las penas podrían alcanzar incluso los cuatro años de prisión en su tipo básico. En este caso, la Fiscalía ha optado por una vía más moderada, centrándose en apartar al controlador de su puesto de trabajo, a pesar de que la ley castiga con mayor dureza estas agresiones a la dignidad