Condenado a 34 años de cárcel para el español que violó a diario durante más de 4 años a su hijastra nigeriana
La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a 34 años de prisión a J.L.L., un ciudadano español que utilizó como esclava doméstica y sexual a su hijastra menor de edad en una finca rústica de Algaida
El tribunal de la Sección Primera le declara autor de cuatro delitos: trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual continuada con penetración a menor de 16 años, elaboración de pornografía infantil y contra la intimidad. Además de la pena de privación de libertad, el fallo judicial establece que el procesado deberá abonar una indemnización de 300.000 euros a la víctima por los daños psicológicos y morales, calificados por los magistrados como demoledores. La resolución no es firme y la defensa, ejercida por la abogada Carolina Coll, dispone de la opción de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB).
La investigación judicial confirma que el encausado inició su plan en 2015 durante un viaje a Nigeria, donde detectó la situación de extrema penuria económica que atravesaba la familia de la menor. Para sortear los controles fronterizos y legalizar la entrada de la víctima en España, el acusado concertó un matrimonio de conveniencia con la madre de la pequeña. Tras culminar los trámites burocráticos en 2019, trasladó a ambas a Mallorca, pero de inmediato separó a la niña de su progenitora, enviando a la madre a un piso en el barrio de Son Gotleu, en Palma, mientras confinaba a la menor en una casa de Algaida. Durante los cuatro años y tres meses de convivencia, el agresor sometió a la víctima a agresiones sexuales prácticamente diarias, forzándola además a firmar un documento manuscrito donde aceptaba los abusos a cambio de facilitar la reagrupación familiar de sus hermanas.
El control sobre la menor era absoluto; el acusado instaló cámaras de vigilancia en toda la vivienda para supervisar sus movimientos y accedía de forma sistemática a las conversaciones privadas en sus redes sociales. El arresto del sospechoso por parte de la Guardia Civil se produjo en marzo de 2024, después de que la víctima rompiera el aislamiento y relatara la situación a su madre. Durante la vista oral, celebrada a puerta cerrada, el procesado negó las acusaciones y argumentó que los encuentros eran consentidos, una versión desestimada por el tribunal ante el volumen de pruebas de cargo recopiladas, entre las que destacan los dispositivos de grabación domésticos y un diario personal redactado por el propio imputado. La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de 40 años de cárcel.
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