El pánico se apodera de las víctimas tras la liberación del presunto agresor sexual de Palma
La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4, según detalla Ultima Hora, ha dictado la libertad bajo fianza de 6.000 euros para el hombre acusado de drogar y violar a cinco jóvenes, una decisión que condena a las denunciantes a vivir bajo el terror de un encuentro fortuito. El procesado, un español de 34 años detenido por la Policía Nacional, abandona la prisión de Palma a pesar de que la propia magistrada admite que todavía existe riesgo de que destruya pruebas fundamentales para el caso.
La puesta en libertad del investigado ha transformado Palma en un escenario de terror para las cinco mujeres que denunciaron un infierno de abusos. El auto judicial desata un escenario de vulnerabilidad extrema: las víctimas afrontan ahora el impacto psicológico de una posible coincidencia física en cualquier calle o comercio. El pánico a cruzar la mirada con quien las violó salvajemente anulando su voluntad con fármacos genera un estado de alerta permanente que fractura su recuperación. Para estas jóvenes, esta medida no es un simple trámite, sino una sombra que las perseguirá, convirtiendo su dia a dia en un espacio de inseguridad y angustia.
El rigor de la investigación de la UFAM contrasta con la salida del acusado a la calle. El sumario detalla cómo el hombre utilizaba presuntamente sustancias químicas para someter a sus víctimas, aprovechando su estado de inconsciencia para realizar prácticas no consentidas. Entre los hechos más graves, destaca la relación iniciada con una menor de tan solo 14 años, a la que supuestamente golpeaba y mordía para reafirmar su poder. El sentimiento de desprotección es absoluto; mientras ellas intentan sanar las secuelas psicológicas, el agresor solo tendrá que comparecer cada quince días en los juzgados.
Incomprensiblemente, la magistrada reconoce que el ordenador del investigado, que podría contener vídeos y fotografías de las agresiones, sigue sin aparecer. El sospechoso sale de prisión con la posibilidad técnica de localizar y destruir ese material probatorio antes de que la Brigada Tecnológica lo encuentre. Esta "libertad garantizada" por 6.000 euros ignora el grito de las víctimas, que ahora se ven obligadas a recluirse en sus casas por el miedo a encontrarse frente a frente con su presunto agresor en cualquier rincón de la isla.
Las organizaciones feministas denuncian que estas resoluciones judiciales evidencian una preocupante desconexión entre la técnica legal y la seguridad real de las mujeres. Consideran que permitir la libertad de un presunto agresor múltiple bajo una fianza económica es un acto de justicia patriarcal que infravalora el trauma de las víctimas. Los colectivos subrayan que la sumisión química y el riesgo admitido de destrucción de pruebas deberían ser motivos suficientes para mantener la prisión preventiva. Para el feminismo, esta decisión no solo revictimiza a las jóvenes al someterlas al terror de un encuentro fortuito, sino que lanza un mensaje de desprotección institucional que desincentiva las denuncias futuras.
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