El Parlament vota la creación de una autoridad para cogestionar los aeropuertos
La Autoridad Aeroportuaria y el cumplimiento de los Estatutos de Autonomía se sitúan en el centro del conflicto político entre los territorios insulares y el Estado. El objetivo es revertir un modelo centralizado que ignora la presión demográfica y turística de los archipiélagos, exigiendo una capacidad real de intervención en las decisiones estratégicas.
La creación de la Autoridad Aeroportuaria busca frenar la saturación de 47 millones de viajeros anuales y alinear la operativa aérea con la capacidad de carga del archipiélago. El texto plantea un marco de soberanía administrativa para que las decisiones sobre las terminales dejen de priorizar los dividendos de los accionistas privados frente al bienestar de los residentes.
La propuesta legislativa registrada en el Parlament por Més per Mallorca, Més per Menorca y el Grupo Mixto, que se debatirá este martes en la cámara autonómica, busca activar el artículo 150.2 de la Constitución para descentralizar los centros de conexión del transporte. Esta iniciativa responde a un crecimiento descontrolado del tráfico, que ha pasado de 31,9 millones de usuarios en 2014 a rebasar los 47,3 millones en 2024. El texto advierte que la desconexión entre la política turística y la aeroportuaria fomenta la oferta ilegal y satura los servicios básicos en las islas.
La creación de la Autoridad Aeroportuaria de las Illes Balears pretende establecer un modelo de administración conjunta que alinee la operativa de las terminales con la realidad social del archipiélago
A este pulso se ha sumado con firmeza el Gobierno de Canarias. Su presidente, Fernando Clavijo, ha exigido el cumplimiento íntegro de su estatuto, alegando que la participación en la gestión es una competencia de rango constitucional. En este contexto de máxima exigencia, Coalició PER MALLORCA se reunió en el Congreso con la diputada canaria Cristina Valido para coordinar esfuerzos y blindar una estrategia conjunta. Ambos archipiélagos consideran esta reclamación una cuestión capital para su soberanía y rechazan tener menos peso político que otros territorios en la toma de decisiones estratégicas.
Desde el sector empresarial, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha calificado la postura estatal de "obstruccionista". Su presidente, José María Mañaricua, sostiene que es imprescindible que tanto el gobierno autonómico como los cabildos intervengan en la planificación para garantizar la conectividad y el desarrollo social.
Frente a esta presión, el presidente de AENA, Mauricio Lucena, mantiene un cierre de filas absoluto. La compañía argumenta que la entrada de las comunidades en la gestión perjudicaría a los accionistas privados, que controlan el 49% del capital. Según la dirección, el modelo en red es innegociable para proteger una valoración societaria estimada en 20.000 millones de euros, cerrando la puerta a cualquier transferencia de competencias ejecutivas.
Pese a los acuerdos bilaterales de Pedro Sánchez con el País Vasco, Lucena subraya que estos comités son solo informativos y no permiten a las autonomías intervenir en las decisiones estratégicas de la red nacional.
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