Prohens asume la exigencia de 15 años para acceder a una vivienda pública de Coalició per Mallorca
En junio de 2025, cuando desde Som Mallorca se planteó —idea que luego integró en Coalició per Mallorca— la necesidad de exigir 15 años de residencia legal en Baleares para acceder a una vivienda pública, más de uno frunció el ceño. Hoy la propuesta deja de ser debate de partido y pasa al BOIB.
La presidenta Marga Prohens acaba de anunciar la mayor promoción de VPO en la historia del Ibavi: 323 pisos de protección oficial en un solar de 33.000 metros cuadrados junto al Velódromo Illes Balears, en Palma. ¿El requisito estrella para pedir llave? Exactamente los 15 años de empadronamiento legal que Coalició per Mallorca puso sobre la mesa.
El argumento oficial calcó la música mallorqunista: no construir para atraer a más población, sino priorizar a la gente de aquí en un mercado asfixiado. Para que los pisos no se eternicen en los despachos, el Govern usará la figura del Proyecto Residencial Estratégico, acortando el papeleo a un año y medio en un suelo cedido por el Consell de Mallorca (a cambio de 35 viviendas sociales y espacio para la Casa de la Infancia del IMAS).
Detrás de este viraje no hay solo gestión, sino puro cálculo electoral. Las encuestas internas del PP encendieron las alarmas al confirmar un repunte constante de Coalició per Mallorca, una subida con fuerza suficiente para amenazar la mayoría absoluta de los populares en el Parlament. Acorralado por los sondeos, el Govern no ha dudado en salir a cazar en el caladero mallorquinista, adueñándose sin complejos de las propuestas que han logrado conectar con parte de un electorado cansado de la sobrepoblación que sufre la isla.
