Marga Prohens cambia hamacas y sombrillas por escaños
El Govern balear ha destituido de forma fulminante a la directora general de Costas, Maria Joaquina "Xima" Ferrer, cediendo ante la enorme presión de la patronal turística en Formentera. Ferrer cayó tras defender con uñas y dientes los límites ambientales y el cumplimiento estricto de la ley para "desponjar" las playas, plantando cara a un PP que priorizó frenar un agujero económico de 1,6 millones de euros y blindar un escaño vital para la legislatura.
Resistencia en Costas: La jefa de la legalidad cae fulminada por la presión del sector turístico
Maria Joaquina "Xima" Ferrer, hasta ahora directora general de Costas en Baleares, ha sido destituida de forma fulminante. Sin embargo, los pasillos de la Conselleria del Mar revelan una historia de resistencia: Ferrer ha caído tras defender con uñas y dientes el cumplimiento estricto de la ley frente a las intensas presiones del sector turístico y de su propio partido, el PP.
Como funcionaria experta en derecho administrativo, Ferrer se negó en redondo a firmar excepciones "a la carta" en Formentera. Su postura se apoyaba en el reciente traspaso de las competencias de Costas a Baleares, lo que obligaba al Govern a aplicar las normas sin margen para el favoritismo. Ferrer aplicó a rajatabla el plan de protección del Parque Natural de Ses Salines, que exige por ley reducir el número de elementos en la arena (lo que técnicamente se llama "desponjar" las playas) para evitar que la masificación destruya un ecosistema tan frágil.
Para ella, además, existía una contradicción evidente: Formentera se promociona en el mundo como un destino natural y exclusivo, un modelo que consideraba totalmente incompatible con masificar la arena llenándola de líneas interminables de hamacas y sombrillas.
Saltarse los límites normativos para beneficiar a unos negocios era una línea roja infranqueable. Tenía claro que el dominio público no se puede repartir "a dedo". Estaba convencida de que si cedía, incurriría en prevaricación (firmar una resolución injusta a sabiendas) e incluso en malversación. La jurisprudencia penal advierte que desviar el uso de un bien que es de todos para el lucro y explotación exclusiva de una empresa privada es un despojo del patrimonio público. "No voy a hacerlo", llegó a plantarle cara a sus superiores.
Esta firmeza jurídica chocó de frente con los intereses económicos en plena temporada alta. La aplicación rigurosa de la ley supuso la retirada de 681 hamacas y 339 sombrillas en las playas más famosas de la isla, provocando que los hoteleros y concesionarios perdieran más de 1,6 millones de euros en ingresos directos.
El verdadero pánico político llegó cuando los turoperadores internacionales amenazaron con desviar a los clientes VIP hacia otros destinos si no se les garantizaban estos servicios de lujo. Ante el agujero económico y el temor a perder un escaño vital en Formentera —donde el PP compite bajo la marca Sa Unió—, la patronal turística activó toda su maquinaria de presión sobre el Govern de Marga Prohens. Finalmente, la balanza se decantó del lado del dinero y el Ejecutivo fulminó a Ferrer utilizando la excusa oficial de su "mala gestión".
