El Congreso tumba el decreto de alquileres y deja en el aire el futuro de miles de familias en Baleares
La no convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 ha desmantelado el marco legal que protegía a los arrendatarios en las islas. Al decaer la norma, desaparecen de inmediato la extensión obligatoria de dos años y el límite del 2% en las revisiones de las cuotas. Organizaciones como Consubal y la PAH registran un incremento masivo de consultas de ciudadanos que temen la finalización de sus contratos o incrementos inasumibles en sus mensualidades.
La situación ha cambiado de forma radical tras la votación en la Cámara Baja. Sin el respaldo parlamentario, los contratos que expiren a partir de ahora quedan fuera del paraguaas estatal, lo que obliga a los inquilinos a negociar en un mercado con precios máximos. Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal, precisa que solo quienes notificaron su voluntad de prórroga mediante burofax antes del 28 de abril mantienen su derecho. Para el resto, las actualizaciones de renta se vincularán de nuevo al IPC (3,4%) o al índice IRAV, cifras que superan ampliamente las restricciones que estaban vigentes hasta este pasado martes.
La magnitud del impacto es considerable: la Delegación del Gobierno cifra en casi 40.000 hogares los afectados en todo el archipiélago. Esto implica que más de 112.000 residentes se enfrentan a un escenario de vulnerabilidad ante rentas que en Baleares alcanzan los 1.700 euros, una cuantía que desborda el salario medio de la comunidad. Ante esta realidad, el delegado Alfonso Rodríguez Badal ha instado al Govern a declarar las islas como zona tensionada, una medida que permitiría activar 168 millones de euros del fondo estatal para intervenir los precios y frenar la especulación.
Desde la OCU subrayan que la raíz del conflicto es el desajuste entre la alta demanda y la escasez de inmuebles asequibles. La organización reclama políticas de calado, como el impulso de la vivienda social y mayor seguridad jurídica, en lugar de medidas temporales. Con la derogación del decreto, se abre un periodo de inestabilidad que podría derivar en un aumento de los litigios judiciales si los propietarios y arrendatarios no logran pactar condiciones razonables para ambas partes.
¿Consideras que la declaración de zona tensionada es la única solución real para frenar los precios en las islas?
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