Vox propone suprimir el modelo de financiación autonómica mientras sus cargos se llevan más de 1 millón de euros al año de Balears.
Mallorca se sitúa en el epicentro de una tormenta política tras la propuesta de Vox para desmantelar el sistema de financiación autonómica. La iniciativa, que tilda a las comunidades de "máquinas de gasto inútil", contrasta con la permanencia de sus diputados en las instituciones de Baleares que pretenden abolir.
El debate sobre el futuro económico de las Islas Baleares ha alcanzado un punto de máxima tensión. El escenario es de una fractura total. Mientras el PSIB critica la "sumisión" del Govern de Marga Prohens a las directrices nacionales del PP, y los populares denuncian la "genuflexión" socialista ante Madrid, una nueva amenaza emerge desde el flanco de Vox.
La formació busca presentar en toda España una Proposición No de Ley (PNL) para poner fin al sistema de financiación actual. El texto de la iniciativa califica a las autonomías como un "Estado fallido", una afirmación que choca frontalmente con la realidad administrativa: los mismos representantes que firman esta propuesta siguen percibiendo sus salarios públicos del Senado y del Parlament balear. Esta contradicción institucional se produce en un momento en el que Mallorca necesita, más que nunca, una defensa firme de sus recursos.
La propuesta de Vox no solo busca el fin del modelo, sino que carga contra la ordinalidad, ese principio básico que busca que quien más aporta no sea el que menos recibe. Renunciar a este criterio —o a una financiación singular que reconozca los costes de la insularidad— supone aceptar una condena económica para las islas. Mallorca, líder en generación de riqueza turística, se enfrenta a una paradoja cruel: ser el motor de España mientras sus hospitales y centros de salud se quedan sin fondos por una redistribución que prioriza a regiones históricamente menos dinámicas.
El impacto emocional de esta crisis es tangible. Si los impuestos generados en Mallorca, se destinan a financiar servicios en territorios donde la vivienda es más barata y el coste de vida menor, los mallorquines estarán subvencionando el bienestar ajeno a costa del propio. La falta de inversión en educación y sanidad no es una cifra macroeconómica; es la realidad de las listas de espera y las aulas masificadas en una isla que ve cómo su riqueza se escapa hacia Madrid sin retorno.
