Cisma total en Palma: la Policía Local estalla contra el Ayuntamiento por el "engaño" del Plan de Ordenación
La paz social en el cuartel de San Fernando saltó por los aires. Los sindicatos CSIF, SPPME, UGT y CCOO han roto relaciones con el consistorio tras el incumplimiento del pacto que debía modernizar el cuerpo el pasado 1 de enero. Bajo el grito de "se ríen en nuestra cara", los agentes han iniciado un calendario de movilizaciones que pone contra las cuerdas la gestión de seguridad de Jaime Martínez.
La mecha prendió definitivamente y el incendio político en Palma ya es incontrolable. Lo que debía ser el inicio de una era dorada para la Policía Local de Palma se convirtió en un escenario de guerra abierta. El pasado 1 de enero de 2026 figuraba en rojo en el calendario como la fecha de entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación, una promesa estrella del alcalde Jaime Martínez que prometía convertir a los agentes palmesanos en los mejor pagados de España. Sin embargo, la realidad ha sido un jarro de agua fría: el Ayuntamiento dio carpetazo a la fecha alegando "trabas administrativas", desatando una rebelión sindical sin precedentes.
El sentimiento de traición recorre las comisarías de punta a punta. Y es que la paciencia de los agentes se ha agotado tras meses de negociaciones que terminaron en vía muerta. "No solo no cumplieron con lo pactado, sino que nos demostraron que no tienen intención de hacerlo en toda la legislatura", denuncian los portavoces de CSIF y SPPME. La indignación no és solo por el dinero; el plan contemplaba una reestructuración profunda de turnos y una modernización de un organigrama que llevaba 15 años obsoleto.
El impacto de este "plantón" administrativo és demoledor. Los sindicatos, que hasta ahora habían mantenido una postura de "responsabilidad", decidieron pasar al ataque. La primera gran batalla tendrá lugar el próximo 29 de enero, con una concentración masiva en la Plaza de Cort dejando claro que el conflicto ya no se dirimirá en los despachos. "Estamos hartos", sentencian desde UGT y CCOO, advirtiendo que la presión se trasladará a cada acto público del alcalde y a cada pleno municipal.
Mientras el Ayuntamiento de Palma intentaba calmar las aguas hablando de "máxima seguridad jurídica" y retrasos técnicos, la calle dictó sentencia. Con la seguridad de la capital en el punto de mira y una plantilla que se siente maltratada y engañada, el cisma no solo amenaza la estabilidad del gobierno local, sino que siembra la duda sobre la capacidad de gestión de una ciudad que, según los propios agentes, "no da el servicio de calidad que los ciudadanos merecen". La guerra por el control de la seguridad en Palma solo acaba de empezar.
