El "experimento" español de regularizar por palabra que fractura Europa y enciende las alertas de seguridad
El Gobierno de España desafía a sus socios europeos al permitir que la firma de un migrante sustituya a los certificados de antecedentes penales oficiales, una medida que busca acabar con el bloqueo burocrático pero que enciende todas las alarmas por un posible agujero en la seguridad pública.
El tablero de la inmigración en Europa está saltando por los aires. Lo que el Gobierno defiende como un gesto de "humanidad" para rescatar a miles de personas del olvido administrativo, se convierte hoy en un experimento de alto riesgo que pone en vilo a las cancillerías de todo el continente. España decide que, si la burocracia de un país extranjero falla, la palabra del solicitante es suficiente para legalizar su situación.
Un desafío que aterra al norte de Europa
Mientras países como Dinamarca o Países Bajos blindan sus fronteras y exigen hasta el último sello oficial para evitar que personas con pasado violento entren en su sistema, Madrid camina en dirección opuesta. La reforma establece un cronómetro letal para la seguridad según sus críticos: tras 30 días de silencio del país de origen, el Estado español simplemente "se fía".
Las críticas cruzan los Pirineos con una virulencia inusitada. Desde Viena, el gobierno austríaco —baluarte de la rigidez documental— califica la medida de "imán para las mafias". El temor es unánime y recorre las calles: ¿Cómo asegurar que un delincuente no oculta su rastro tras una simple firma? La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defiende a capa y espada en Canal Red este mecanismo, asegurando que es el fin de una "violencia burocrática" que castiga al inocente por el colapso de sus consulados. En clave mallorquina PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos defienden la regularización 'necesaria' para garantizar los derechos humanos y la cohesión social, destacando que 'ninguna persona es ilegal'.
El fantasma del "efecto llamada"
El impacto emocional de la medida es innegable. Familias que llevan años en la sombra ven hoy una luz, pero esta esperanza convive con una alarma social creciente. Los expertos advierten de que este atajo legal no es solo una cuestión de justicia social, sino un potente motor de atracción que amenaza con desbordar las ya tensionadas capacidades de acogida del país.
España es hoy una isla de flexibilidad en un océano de mano dura. Mientras Bruselas exige controles biométricos y rigor, el decreto español abre una puerta que muchos consideran imposible de cerrar. El Gobierno promete que "recabará información directamente", pero la realidad es que el plazo de un mes convierte la declaración responsable en el estándar de oro de una regularización masiva. Estamos ante una de las páginas más controvertida de nuestra historia reciente: ¿Humanidad necesaria o una brecha irreparable en la seguridad nacional?
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