El cerco judicial se estrecha y el tsunami político ya no afecta solo a José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto negro sobre blanco en un informe de 182 páginas que detalla cómo la corrupción se infiltró en las costuras del Gobierno. Los investigadores confirman que el exministro y su mano derecha, Koldo García, operaron como "conseguidores" de lujo ante los ministerios de Industria y Transición Ecológica para beneficiar a la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama.

El precio de esta mediación tiene nombre de ladrillo: un chalé en La Alcaidesa. La UCO revela mensajes explícitos donde la organización criminal celebra la obtención de licencias para la empresa Villafuel justo después de formalizarse la compra del inmueble. La crudeza de las conversaciones intervenidas es total: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Una relación causa-efecto que, según los agentes, disparó un fraude a Hacienda de casi 50 millones de euros.

Pero la onda expansiva no se detiene en Madrid. El escándalo salpica de lleno al PSIB y compromete la gestión de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. La Guardia Civil ha detectado nexos directos entre la trama y las islas: Koldo García mantenía hilo directo con Marc Pons, exconseller del Govern balear. Los whatsapps incautados muestran una familiaridad tóxica, donde Pons llega a espetar al asesor de Ábalos un revelador "qué miedo me das" ante la insistencia de este por reunirse de madrugada.

Mientras los comisionistas temían que "el putero terminaría de hundir al PSOE", la UCO abre ahora una nueva vía de agua que conecta el fraude de los hidrocarburos con las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario en Baleares y Canarias.