El Pi–Proposta per les Illes Balears, que ahora se integra dentro de la coalición Per Mallorca, ha presentado una moción al pleno de diciembre del Consell de Mallorca para rechazar la reforma derivada de la Ley 1/2025 de medidas de eficiencia del servicio público de la Justicia. La formación advierte que esta normativa “pose en riesgo el funcionamiento de los juzgados de Mallorca”, especialmente a los partidos judiciales de Inca, Manacor y Palma, ya fuertemente tensionats.

Según el partido, la reforma no tiene en cuenta la realidad territorial de la isla, no garantiza una transición ordenada y no aporta los medios humanos y materiales necesarios para reducir el colapso actual.

La portavoz suplente de El Pi en el Consell de Mallorca, Magdalena Vives, ha remarcado que “el que necesitan los juzgados no es una reorganización improvisada, sino más personal, más recursos y una gestión adaptada a la realidad insular”.

Vives también ha defendido que la Justicia tiene que permanecer próxima en los ciudadanos y ha reclamado que el Gobierno de las Islas Baleares impulse la transferencia de competencias para poder ofrecer “un servicio más eficiente y ajustado en el territorio”.

La moción pide suspender la aplicación del nuevo modelo a los partidos judiciales afectados y reclama una reforma consensuada que refuerce realmente los recursos del sistema judicial.