Un influyente congresista de EEUU. rompe el tablero y sitúa a Ceuta y Melilla bajo órbita marroquí
Las costuras de la diplomacia entre Madrid y Washington se agrietan tras la incursión política de Mario Díaz-Balart. El congresista republicano, pieza clave en la arquitectura exterior de los Estados Unidos y estrecho colaborador de Marco Rubio, ha dinamitado el consenso estratégico al defender que Ceuta y Melilla pertenecen geográficamente a Marruecos. Estas declaraciones, recogidas por Yabiladi y el diario El Independiente, no son un verso suelto: se producen en un momento de máxima fricción por el cierre del espacio aéreo español a las operaciones militares estadounidenses contra Irán.
El desafío de Díaz-Balart va más allá de la geografía. Al presidir la subcomisión de Operaciones Extranjeras, su postura condiciona la percepción de Washington sobre la integridad territorial española. "Las relaciones entre Rabat y Estados Unidos son positivas y antiguas", ha recordado el legislador, dejando entrever que el respaldo a la "marroquinidad" de las ciudades autónomas podría ser la moneda de cambio ante el alejamiento del ejecutivo de Pedro Sánchez de los intereses del Pentágono.
Esta deriva expansionista cuenta con el sustento intelectual de figuras como Michael Rubin, exasesor del Pentágono, quien ha llegado a sugerir a Mohamed VI la organización de una "nueva marcha" civil, similar a la de 1975, para anexionar ambos enclaves. Expertos en defensa como Akram Kharief, director de MENADEFENSE, advierten que Washington no dudaría en posicionarse junto a Marruecos ante una acción hostil, considerando a Rabat un aliado más "dócil" que una España que busca autonomía de criterio en conflictos como el de Oriente Medio o el Sáhara Occidental.
La sombra del traslado de las bases de Rota y Morón hacia suelo marroquí planea sobre el conflicto. Aunque la infraestructura en Cádiz es estructural para el escudo antimisiles de la OTAN, el malestar de la administración Trump con la "falta de compromiso" española alimenta un escenario de represalias económicas y militares. Mientras el Partido Popular y Vox alertan de un aislamiento internacional, el Gobierno se mantiene firme en que la soberanía nacional no admite debate, pese a que Ceuta y Melilla sigan fuera del paraguas de protección automática de la Alianza Atlántica.
