La Guardia Civil queda excluida de la jornada de 35 horas que Defensa ya aplica a los militares
El Ministerio de Defensa ha ratificado la implantación de la semana laboral de 35 horas para el personal de las Fuerzas Armadas, una medida que busca equiparar a los militares con el resto de la Administración General del Estado. Sin embargo, este avance normativo ha generado un profundo malestar en el seno de la Guardia Civil, ya que los agentes de la Benemérita han sido apartados de esta mejora en sus condiciones de trabajo. Las asociaciones profesionales denuncian un agravio comparativo flagrante frente a otros cuerpos de seguridad y funcionarios públicos, señalando directamente la inacción del Ministerio del Interior ante una brecha de derechos que consideran insostenible.
La brecha laboral en el sector público español se ha ensanchado de forma definitiva esta semana. Mientras los 11.000 funcionarios estatales destinados en Baleares y el personal militar de todo el país comienzan a disfrutar de la reducción de jornada a 35 horas, los efectivos de la Guardia Civil observan cómo sus derechos quedan congelados. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha calificado la situación de "lista interminable de agravios", cuestionando el silencio de la directora general, Mercedes González, y del ministro Fernando Grande-Marlaska.
La decisión de Margarita Robles de modificar de urgencia la Orden Ministerial DEF/1363/2016 para adaptar los horarios militares contrasta con la parálisis en Interior. Para los agentes, se trata de una paradoja administrativa: poseen los mismos deberes y niveles de exigencia que sus homólogos en las Fuerzas Armadas, pero se les niega la misma flexibilidad horaria y conciliación familiar. Esta exclusión no es un hecho aislado; medios internacionales como Le Monde o The Guardian han analizado en diversas ocasiones la naturaleza híbrida de la Guardia Civil española, destacando cómo su carácter militar suele ser utilizado por el Gobierno para limitar derechos de sindicación o jornada que sí poseen las policías civiles europeas.
El sentimiento de abandono es generalizado en los cuarteles. Las asociaciones recalcan que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la jornada reducida para empleados públicos civiles debería haber sido el resorte para una aplicación universal. No obstante, la Benemérita vuelve a quedar en el limbo legislativo. El rigor técnico de la normativa de Defensa deja en evidencia que la voluntad política es el único obstáculo para que los guardias civiles accedan a esta mejora. La tensión interna crece ante lo que definen como una gestión que premia a unos y castiga a otros, perpetuando un modelo de seguridad donde el eslabón más polivalente resulta ser el menos protegido.
Otras reivindicaciones largamente ignoradas por el Ministerio de Interior son:
· Turnos de trabajo fijos: Implementación de un sistema de turnos estancos que permita la conciliación familiar real, eliminando la incertidumbre en los cuadrantes.
· Reconocimiento de profesión de riesgo: Inclusión legal en esta categoría para acceder a beneficios de jubilación anticipada, igual que las policías autonómicas.
· Clasificación en el Grupo B: Elevación de la escala de cabos y guardias del Grupo C1 al B para adecuar el salario a la formación exigida.
· Equiparación salarial total: Ejecución de una auditoría externa para verificar y completar el cumplimiento íntegro del acuerdo salarial de 2018.
· Jubilación digna: Eliminación de la pérdida de poder adquisitivo al pasar a la situación de retiro, igualando las cuantías con el resto de cuerpos.
· Incremento de nocturnidad y festividad: Revisión al alza del precio de las horas de servicio prestadas en condiciones de especial penosidad.
· Derecho a la sindicación: Reforma de la Ley de Derechos y Deberes para permitir una representación profesional con capacidad de negociación real.
· Material de protección individual: Dotación garantizada de chalecos antibalas individualizados y adaptados a la fisonomía de cada agente.
