El Gobierno activa, sin pasar por el congreso, la regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes
Moncloa aprueba un decreto, en ausencia de Sánchez, para legalizar a medio millón de personas de forma inmediata. La reagrupación familiar duplicará la cifra en los próximos meses. El Govern de Balears anuncia una ofensiva judicial inmediata al considerar que la medida dinamita las arcas autonómicas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una reforma del Reglamento de Extranjería que supone la mayor regularización extraordinaria de la última década en España. La medida busca aflorar la economía sumergida y facilitar la inserción laboral de unos 500.000 ciudadanos extranjeros que actualmente residen en el país de forma irregular. Según los informes técnicos que acompañan la norma, el efecto llamada por reagrupación familiar podría elevar el impacto total por encima del millón de nuevos residentes legales en un periodo de dos años.
La respuesta desde el archipiélago ha sido fulminante. La vicepresidencia del Govern balear ha confirmado la impugnación del proceso ante los tribunales. El Ejecutivo autonómico sostiene que la regularización masiva se ha diseñado de espaldas a las comunidades, que son las que finalmente deben garantizar servicios básicos como sanidad y educación. Los cálculos de la administración regional apuntan a una presión insostenible sobre el presupuesto público de las islas, ya tensionado por el incremento demográfico de las últimas temporadas.
Para suavizar el impacto administrativo, el Gobierno central ha anunciado que colaborará activamente con los solicitantes para la obtención de sus certificados de antecedentes penales. Esta "ayuda" desde las instituciones busca que la regularización sea masiva y rápida, eliminando las trabas burocráticas que habitualmente frenan estos procesos en los países de origen. No obstante, el Ministerio del Interior mantiene que la comprobación de la carencia de antecedentes sigue siendo un requisito indispensable para obtener el permiso de residencia.
Fuentes del Ejecutivo central defienden que esta decisión permitirá aumentar la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social, compensando el gasto en servicios públicos. Mientras tanto, en Baleares, los equipos jurídicos ultiman los detalles del recurso para solicitar medidas cautelares que paralicen la aplicación del decreto en el territorio insular. La brecha política entre Madrid y Palma se ensancha así en materia de extranjería, trasladando el conflicto de la mesa política a las sedes judiciales de forma irreversible. Mientras VOX habla de suspender toda competencia autónomica. Coalició PER MALLORCA exige de manera inmediata las transferencias en materia de inmigración para pòder poner orden a la bomba demográfica que se espera.
