La avalancha de alegaciones acorrala la nueva ley de la Tramuntana
El anteproyecto de la Ley de la Serra de Tramuntana ha fracturado el tablero político y social de Mallorca, desencadenando un aluvión de enmiendas que cuestionan el equilibrio entre la propiedad privada y el uso público. Mientras el Consell de Mallorca defiende el texto como un hito de consenso tras dos meses de escucha, entidades como Dret de Pas y el GOB denuncian un modelo que prima los intereses de los grandes terratenientes. El debate ha mutado en un choque frontal sobre el acceso a los caminos, la presión turística y la supervivencia de la actividad agraria y la pesca tradicional, con partidos como Coalició PER MALLORCA exigiendo que la normativa no expulse a los mallorquines y convierta la Serra en un museo vacío de residentes.
El futuro de la Serra de Tramuntana se dirime ahora en los despachos del Palau Reial tras recibir un volumen masivo de propuestas de mejora. Desde el Consell de Mallorca han conseguido un consenso difícil de conseguir: poner a todo el mundo en contra de la nueva ley.
El texto actual, elaborado bajo el paraguas de PP y VOX, afronta críticas severas desde los sectores progresistas y ecologistas, quienes sostienen que la norma otorga un peso excesivo a la propiedad privada y a colectivos específicos como los cazadores. Por el contrario, el ejecutivo insular recalca que se ha duplicado el tiempo de exposición pública para garantizar una participación inédita en la historia democrática de la institución.
La asociación Dret de Pas lidera la ofensiva en defensa del tránsito por el territorio. Su principal temor radica en la posibilidad de que el acceso a vías comunitarias quede supeditado a permisos individuales de los dueños de las fincas. La entidad exige transparencia total en los catálogos municipales para evitar el cierre de rutas que hoy son transitadas por excursionistas y ciclistas. En esta misma línea, el Ayuntamiento de Esporles ha registrado casi una treintena de alegaciones para impedir "desconexiones sociales" y blindar el control municipal sobre el urbanismo de la zona.
El GOB y los grupos de la oposición como el PSIB y Més alertan de que la ley ignora el problema estructural de la masificación turística y el cambio climático. Exigen límites claros a la afluencia de visitantes y medidas contra la gentrificación, como la limitación del precio del alquiler en los pueblos de la Tramuntana.
Finalmente desde Coalició PER MALLORCA se ha puesto el foco en la viabilidad de quienes habitan el paraje. Su portavoz, Antoni Salas, ha defendido que la conservación es inviable sin rentabilidad económica. La formación propone integrar actividades como la pesca tradicional y proteger elementos patrimoniales como los escars. Para la entidad mallorquinista, el exceso de burocracia y la duplicidad de competencias en el anteproyecto actual generan una inseguridad jurídica que asfixia a los residentes, impidiendo que los mallorquines puedan desarrollar un proyecto de vida digno en la Serra.
El pulso legislativo entra ahora en su fase decisiva, con la Administración obligada a encajar estas visiones contrapuestas en un texto que marcará el destino de nuestro símbolo más preciado durante las próximas décadas.
