El escándalo de los coches del vicepresidente de VOX acorrala al president Galmés
El president del Consell de Mallorca Llorenç Galmés, ha perdido el control del caso Bestard tras intentar cerrar el expediente sobre el uso irregular de vehículos oficiales. Més, PSIB y Coalició PER MALLORCA han registrado un pleno extraordinario para destituir al vicepresidente de VOX armados con un informe interno de 92 páginas que documenta una veintena de viajes injustificados. La oposición ya no pide explicaciones, exige que se investigue si hubo malversación y que el presidente asuma su responsabilidad por intentar tapar las pruebas
El informe de 92 páginas elaborado por la Secretaría Técnica del Consell, que documenta una veintena de desplazamientos de Bestard sin respaldo institucional, ha dejado a Galmés sin margen de maniobra. Al desoír estos datos y apoyarse en un informe jurídico menor para dar el caso por cerrado, el presidente ha optado por blindar a su socio de gobierno en lugar de salvaguardar la integridad de la institución.
Esta decisión ha unido a Més per Mallorca, PSIB y Coalició PER MALLORCAS, quienes han forzado un pleno extraordinario. La oposición no solo busca la destitución de Bestard; el objetivo es señalar la responsabilidad directa de Galmés en el encubrimiento de unos hechos que, según los informes técnicos, rozan la malversación.
La estrategia de la oposición es clara: demostrar que la pasividad del presidente lo hace cómplice. Si Galmés insiste en mantener a Bestard en su puesto, el desgaste de esta crisis dejará de ser exclusivo del vicepresidente de Vox y pasará a comprometer la legitimidad del equipo de gobierno al completo.
Posible pena a la que se enfrenta ante la acusación de malversación:
El posible delito de malversación que investiga la oposición en el caso de Pedro Bestard se castiga severamente en el Código Penal. Si se acredita el uso privado reiterado de vehículos oficiales, el alto cargo de Vox podría enfrentarse a penas de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Dependiendo de si se califica como malversación propia o de uso, las condenas pueden variar desde los seis meses hasta los seis años de cárcel. La gravedad dependerá del perjuicio económico causado a las arcas del Consell de Mallorca y de si existió un ánimo de lucro personal tras el gasto de combustible y mantenimiento.
En el pleno, la oposición exigirá:
· Un dictamen de la Sindicatura de Comptes y del Tribunal de Comptes sobre la posible malversación de fondos públicos.
· Un informe de la Abogacía del Consell que determine si existen indicios de delito penal por parte de Bestard.
· La comparecencia obligatoria de Llorenç Galmés para explicar por qué ha preferido ignorar las pruebas de su propia institución antes que depurar responsabilidades.
La pregunta que ahora resuena en los pasillos del Consell es cuánto tiempo más puede Galmés permitirse el coste político de sostener a Bestard antes de que el escándalo sea, definitivamente, suyo.
📢 EL CAMBIO: La oposición ha bloqueado el cierre en falso del escándalo y ha forzado un pleno extraordinario que pone en duda la continuidad de Pedro Bestard en el cargo.
📍 AFECTADOS: La credibilidad del Consell de Mallorca y la estabilidad del pacto entre PP y Vox. El president Llorenç Galmés queda señalado por su gestión de las pruebas.
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