El abismo se ha evitado, al menos por ahora. El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes un balón de oxígeno vital al alcanzar un preacuerdo "in extremis" con la mesa de negociación (UGT, CCOO, CSIF, Satse y CIG-Saúde). La huelga indefinida que amenazaba con paralizar los hospitales a partir del 26 de enero queda desactivada. ¿El precio del pacto? Mónica García ha tenido que ceder e incluir en el Estatuto Marco reivindicaciones históricas que hasta ayer consideraba "fuera de su competencia": la jornada laboral de 35 horas, la jubilación anticipada y una mejora retributiva urgente.

Pero que nadie se engañe: la paz social pende de un hilo.

Aunque los sindicatos generalistas han dado el "sí, quiero" condicionado a que el borrador final cumpla lo prometido, la realidad en los pasillos de los hospitales es mucho más cruda. El conflicto reciente ya ha dejado cicatrices profundas que tardarán meses en sanar. Solo en las últimas jornadas de paros médicos de diciembre, el impacto en Baleares ha sido devastador: 316 operaciones quirúrgicas canceladas y más de 11.500 consultas anuladas. Son miles de historias personales, de diagnósticos que no llegan y de dolores que se alargan, sumándose a unas listas de espera que ya eran eternas y superan los 100 días de demora media.

Además, el acuerdo tiene una "letra pequeña" peligrosa: no cierra la herida con los facultativos. Los médicos exigen una norma propia y el fin de las guardias obligatorias, unas "líneas rojas" que este preacuerdo no soluciona del todo. Mientras los sindicatos preparan hoy su oferta económica, la sombra de nuevos paros sigue planeando sobre una sanidad saturada que no puede permitirse ni un día más de silencio en los quirófanos.