Armengol en el centro del informe de la UCO por facilitar la entrada de la trama Koldo en Baleares
La Guardia Civil sitúa a la actual presidenta del Congreso como el enlace administrativo que permitió a la red de Koldo García obtener contratos por valor de 3,7 millones de euros en las islas durante lo peor de la crisis sanitaria. Los investigadores de la Unidad Central Operativa han entregado a la Audiencia Nacional un dosier de 195 páginas donde se detalla la secuencia de mensajes y llamadas que activaron las adjudicaciones de emergencia a favor de empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
El rastro digital de la pandemia ha colocado a Francina Armengol en una posición comprometida ante la justicia. Un reciente informe de la Guardia Civil, adelantado por cabeceras como ABC, identifica a la entonces presidenta del Govern balear como la figura que abrió la puerta institucional a los negocios de la trama. Según la UCO, la secuencia de hechos no deja lugar a dudas sobre la jerarquía del contacto: el 25 de abril de 2020, Koldo García envió un mensaje a Armengol presentándose como el interlocutor de una operativa de suministros, mencionando expresamente que se encontraba con el ministro José Luis Ábalos.
La reacción de la maquinaria autonómica fue inmediata. Solo minutos después de ese intercambio de mensajes, el director de gestión del Servicio de Salud de Baleares telefoneó a Koldo para iniciar la tramitación técnica. Los agentes subrayan que esta celeridad evidencia la existencia de un "canal de alto nivel" que puenteó los filtros habituales. La investigación detalla que la administración balear destinó 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión a través de contratos de emergencia, un formato que, si bien era legal por la urgencia del virus, relajaba la fiscalización previa y facilitaba la entrada de intermediarios sin experiencia contrastada en el sector.
El informe policial también revela comunicaciones de junio de 2020 donde Armengol solicitaba ayuda directa a Koldo: "Necesito hablar con el Ministro... ¿Me puedes ayudar?". Para la Guardia Civil, esta subordinación de una presidenta autonómica hacia un asesor ministerial demuestra el "dominio" que este último ejercía en el Ministerio de Transportes, una influencia que habría sido monetizada por la red corrupta. Aunque la UCO no formula imputaciones penales directas contra la hoy tercera autoridad del Estado, su papel como facilitadora del acceso a los fondos públicos baleares queda negro sobre blanco en el sumario que instruye el juez Ismael Moreno.
