Ciutat ha vivido un nuevo episodio de violencia que expone la fragilidad de la seguridad ciudadana. El pasado mes de noviembre, una joven fue la víctima de un asalto calificado por ella misma de "salvaje" mientras se dirigía a su coche en la zona de ocio del Paseo Marítimo. Fue abordada por un varón que le agarró el bolso con fuerza y, al encontrar resistencia, arremetió violentamente contra ella profiriendo amenazas. La víctima, cediendo ante la superioridad física y el miedo a ser agredida, tuvo que soltar sus pertenencias, permitiendo al ladrón huir con el bolso y dos teléfonos de alta gama valorados en 1.900 euros.

Tras una intensa investigación, agentes de la Comisaría de Oeste lograron identificar y localizar al presunto autor, de origen senegalés, procediendo a su detención el pasado sábado. Los informes policiales señalan que el detenido utilizaba su fuerza para lanzarse sobre víctimas indefensas, mostrando un absoluto desprecio por la convivencia y deteriorando gravemente la sensación de seguridad en la capital mallorquina.

Este caso, que se suma a una lista creciente de sucesos violentos,  que alimenta la alarma social sobre la impunidad. Las últimas encuestas entre la población denotan una percepción extendida de que el sistema judicial es laxo con los delincuentes, una sensación agravada por el hecho de que, en casos de reincidentes extranjeros, las leyes no siempre ejecutan las órdenes de expulsión emitidas. La falta de control efectivo sobre estos delincuentes hace que sean los ciudadanos, especialmente las personas indefensas, quienes terminen pagando las consecuencias de un marco legal que, según denuncian diversos sectores, es incapaz de priorizar la seguridad frente a la reincidencia. La detención es un alivio, pero no disipa el debate urgente sobre la necesidad de endurecer las medidas contra la delincuencia violenta.