La noche del lunes en Palma no era de paz, sino de acecho. Dos sombras se movían erráticamente por las calles más comerciales de la capital balear. No buscaban regalos, buscaban víctimas. Se trata de dos varones de origen colombiano, viejos conocidos de la policía por su reincidencia, que patrullaban la zona con una barra metálica oculta, escrutando escaparates durante veinte minutos interminables.

Su objetivo final fue el más vulnerable: un pequeño comercio ambulante, el sustento de una familia en estas fechas, ubicado entre Jaime III y Paseo de Mallorca. Justo cuando la palanca de hierro comenzaba a destrozar la puerta de la caravana, el dispositivo de vigilancia de la Policía Nacional, camuflado en la oscuridad, actuó. La escena se tornó caótica: uno fue neutralizado al instante; el otro, desesperado, emprendió una huida violenta por los soportales, resistiéndose con agresividad a unos agentes que finalmente lograron reducirlo.

Se les imputa una tentativa de robo con fuerza, un delito que el Artículo 238 del Código Penal castiga con hasta 3 años de prisión. Sin embargo, la realidad judicial suele escribir otro final. Aunque el Artículo 89 contempla la expulsión de extranjeros condenados a más de un año de cárcel, la excepción del "arraigo" (tener familia o vínculos en España) se convierte a menudo en el salvoconducto para evitar la deportación. El resultado es un bucle frustrante: detenciones policiales impecables que terminan en libertad provisional, dejando al comerciante honrado expuesto a unos delincuentes que saben que, en estos momentos, la reincidencia sale barata.