PALMA.– El desenlace que la familia de Ronald B. temía se ha cumplido. Tras más de un año de lucha en la UCI, el corazón de este ciudadano alemán de 59 años se detuvo el pasado sábado. Ronald fue víctima de una brutal agresión el 30 de noviembre de 2024 en la barriada de La Soledad, un ataque ejecutado por dos menores de edad con una saña que, según los informes policiales, buscaba ganarse la admiración de sus amigas a base de puñetazos y patadas en la cabeza..

El muro jurídico de la LO 5/2000

Con el fallecimiento de la víctima, la calificación jurídica cambia drásticamente. Lo que la Policía Nacional tramitó inicialmente como tentativa de homicidio y robo con violencia, se convierte ahora en un homicidio o asesinato. No obstante, el rigor de la justicia ordinaria se disuelve al chocar con la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

A diferencia del Código Penal para adultos, la ley de menores en España tiene un carácter primordialmente reeducador. Según la jurisprudencia sentada en casos similares de extrema violencia juvenil —como el crimen de Samuel Luiz o el de Sandra Palo en su día—, las penas para menores de 16 años no suelen superar los 5 o 8 años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de un periodo de libertad vigilada. Incluso en casos de asesinato, si los menores tienen entre 16 y 17 años, el máximo legal es de 10 años, una cifra que choca frontalmente con la gravedad de dejar a una persona en coma durante 400 días hasta su muerte.

Un clima de inseguridad insostenible

La muerte de Ronald no es un hecho aislado, sino el síntoma de una Palma fracturada. Fuentes de la investigación y testigos protegidos —dos menores que presenciaron los hechos— confirmaron que los detenidos atacaron a la víctima de forma sorpresiva, continuando los golpes cuando ya estaba indefenso e inconsciente. Este modus operandi refleja un patrón de criminalidad juvenil que ha convertido zonas como Son Gotleu y La Soledad en puntos negros de la seguridad mallorquina.

Ronald, conocido por gestionar grupos de ayuda a turistas y empleo en Facebook, se ha convertido involuntariamente en el símbolo de la indefensión ciudadana. Mientras su familia recaudaba donaciones para su atención sanitaria, los agresores se benefician de un sistema garantista que, según expertos penalistas, rara vez aplica el máximo de las penas previstas, buscando siempre la reinserción temprana del menor frente al castigo punitivo.

Ronald: el alma de la comunidad alemana

Ronald no era un turista más. Era un pilar para los expatriados. Gestionaba una conocida página de Facebook y grupos de empleo donde ayudaba a cientos de personas a establecerse en Mallorca. "Siempre mostraba el lado más bonito de la isla", recuerda su expareja Ricardo E. en declaraciones recogidas durante estos meses de vigilia. Irónicamente, Ronald murió a manos de la cara más oscura de Palma: la que se esconde en los callejones de La Soledad y Son Gotleu, zonas donde la inseguridad ciudadana se ha vuelto insoportable para los vecinos.  Mallorca vive un clima de tensión social donde los delincuentes parecen perder el miedo a las consecuencias. Si matar a un hombre a sangre fría por un móvil para "divertirse" no conlleva una pena proporcional al dolor causado, el sistema no solo falla a Ronald, nos falla a todos. Justicia para Ronald no es solo una frase; es una urgencia social.

Esto abre un gran debate, ya que hay muchas personas en nuestra sociedad que piensan que si un menor comete un delito, este debe de pagar por él, ya que en la adolescencia ya somos conscientes de nuestros actos, por lo que apoyan el régimen estadounidense. En Estados Unidos actualmente hay cerca de 3.000 menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad condicional. Otros 2.500 reclusos cumplen el mismo tipo de sentencia, pero fueron condenados cuando todavía eran menores. Y, además, otros 10.000 menores se encuentran confinados en prisiones para adultos. Pero hay personas que dicen todo lo contrario, como suele ser el pensamiento progresista que ha imperado hasta ahora, y que va en contra del régimen de EEUU. Esta parte de la población piensa que "niños de 13 años han sido juzgados como adultos y sentenciados a morir en la cárcel sin que haya habido consideración hacia sus edades o la circunstancia del delito que cometieron".