El Paseo Marítimo de Palma, ese eterno laberinto de vallas, zanjas y polvo que parece haber olvidado lo que es la tranquilidad, se ha convertido esta semana en el escenario de una realidad que indigna y preocupa a partes iguales. En medio de un entorno castigado por las obras interminables que dificultan la vigilancia, la Policía Nacional ha logrado detener a un hombre, de origen ucraniano, tras ser sorprendido en la planta -2 de un aparcamiento público con un botín de 2.000 euros y un extintor en la mano.

El balance es frío y contundente: 12 vehículos reventados en pocos días. El vigilante de seguridad, a través de las cámaras de un parking que se ha vuelto un punto negro en esta zona en construcción, vio cómo el presunto autor no solo robaba, sino que causaba daños sistemáticos. Ordenadores y efectos personales volando en un lugar donde el ruido de los cristales rotos se confunde con el de la maquinaria pesada. Sin embargo, tras las esposas, se esconde una realidad jurídica que alimenta la sensación de impunidad en las calles de la isla.

Debido a la situación bélica en su país, este detenido —como tantos otros en 2024 y 2025— se beneficia de una "moratoria de facto". Aunque sea condenado a penas que conllevarían la expulsión (más de un año de prisión según el Art. 89 del Código Penal), la Protección Temporal de la UE impide su devolución a Ucrania por razones humanitarias.

Esto crea lo que los expertos llaman el "limbo de las cárceles": delincuentes que entran en el sistema pero que no pueden salir expulsados, cumpliendo condenas íntegras en centros españoles con un coste diario de unos 65 euros por recluso. Mientras la investigación sigue abierta para imputarle más robos, el mallorquín que ya sufre el caos diario de las obras y botellones diarios, se pregunta ahora qué falla cuando la ley protege más el retorno del infractor que su propia seguridad.