¡PALMA AL LÍMITE! LA CIUDAD DEVIENE EN UN ESCENARIO DE VANDALISMO Y VIOLENCIA SIN FRENO

La madrugada del 17 de diciembre no fue precisamente de descanso para los residentes de la calle Aragó. Fue una noche de cristales rotos y golpes secos que evidencian la alarmante degradación de la seguridad ciudadana en Palma. Un joven de 21 años y nacionalidad colombiana desató su furia contra el mobiliario privado, ensañándose con los vehículos de trabajadores que, al amanecer, se encontraron con una factura de pesadilla.

Casi 3.000 euros en daños en una sola motocicleta. Esa es la factura del vandalismo de un individuo que, bajo los efectos del alcohol, mostró una agresividad desmedida. No solo destrozó la propiedad ajena, sino que se enfrentó con violencia extrema a la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local. El sospechoso empleó insultos graves y una resistencia activa que obligó a los agentes a emplear la fuerza para reducirlo.

El engaño de las expulsiones: miles de órdenes, muy pocas salidas. El detenido ya contaba con antecedentes recientes por hechos idénticos, lo que confirma un patrón de conducta que la justicia actual parece incapaz de frenar. Esta impunidad se apoya en un sistema de expulsión roto y caótico.

La realidad estadística es demoledora. Por un lado, la Fiscalía ha intentado endurecer su postura, solicitando en el último año más de 4.600 expulsiones por vía judicial. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg de un colapso administrativo. En España se amontonan más de 50.000 órdenes de expulsión dictadas por la vía de Extranjería, documentos que en la práctica son papel mojado: durante 2024, apenas unas 3.000 de estas salidas forzosas se materializaron realmente. El delincuente reincidente sabe que las probabilidades de ser subido a un avión son mínimas.

Una factura millonaria para el ciudadano Mientras los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, el coste para las arcas municipales y el bolsillo privado es astronómico. Solo en Palma, el vandalismo contra el mobiliario urbano, la quema de contenedores y los daños en la vía pública suponen un gasto anual que supera los 1,5 millones de euros. A esto hay que sumar las primas de los seguros que los residentes ven aumentar año tras año debido a la alta siniestralidad en barrios como la calle Aragó..

Mientras el sistema administrativo se limita a acumular expedientes que nunca se ejecutan, el coste de la "fiesta" recae sobre el ciudadano que cumple las normas. La sensación de vulnerabilidad es total: Palma se desangra económicamente mientras la calle parece pertenecer a quienes desprecian la convivencia.