Alertados por un vecino, agentes de la Policía Nacional iluminaban con sus linternas el interior de un bar y encontraban, agazapado tras las mesas, a un viejo conocido. Era un varón de nacionalidad rumana que acababa de forzar los barrotes para entrar.

Lo habían detenido hacía solo 48 horas. Dos días antes, este mismo sujeto sembraba el caos en un polígono industrial, quebrantando órdenes de alejamiento y saqueando naves y robando deportivos. Entró en el calabozo, salió ante el juez el mismo dia y volvió a la calle para reincidir.

El ejemplo belga: el Secretario de Estado de Asilo y Migración confirmó la deportación de un reincidente rumano condenado por robos múltiples en Amberes. "La libre circulación no es un derecho al crimen", advertía el gobierno. Mientras, en Mallorca la Policía detiene al mismo delincuente una y otra vez con la frustración de quien vacía el mar a cucharadas, nuestros socios europeos nos sacan los colores. Bélgica ha demostrado que la ley actual sí sirve, si se tiene la voluntad de usarla.

La Oficina de Extranjería belga no titubea: retira el permiso de residencia y ejecuta expulsiones forzosas de ciudadanos de la UE (como el caso de Marius C., deportado a Bucarest tras salir de prisión) bajo la premisa de "amenaza al orden público". Allí, acumular detenciones es motivo de expulsión inmediata. El gobierno belga lo tiene claro: abusar del sistema y vivir del delito anula el privilegio de ser comunitario.

Aquí, la realidad es otra. La normativa española y la europea permiten exactamente lo mismo que hace Bélgica. Existe jurisprudencia (como la del TSJ de Madrid) para echar a quien hace del crimen su oficio. Pero en Baleares, la maquinaria judicial y política está paralizada.

Se dictan sentencias de alejamiento que son papel mojado. La "doble dificultad" de expulsar a un comunitario se ha convertido en la excusa perfecta para la inacción. Mientras los juzgados se enredan en burocracia garantista, la seguridad en la isla se deteriora a pasos agigantados. Clamorosas han sido las noticias estos últimos veranos de grupos de carteristas rumanos que saqueaban a residentes y turistas en Sóller, Alcúdia…

La percepción de inseguridad es real y las cifras de reincidencia de delincuentes extranjeros —que entran y salen impunes— alimentan una corriente social que exige lo obvio: control real de fronteras y la aplicación estricta de la ley de expulsión. La pregunta que está en la calle: Si Bélgica puede limpiar sus calles de delincuentes reincidentes, ¿por qué Mallorca tiene que soportar que le roben dos veces en dos días?