La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al Tribunal Supremo que aunque ve riesgo de fuga en el exministro José Luis Ábalos no considera pertinente reclamar su ingreso en prisión provisional toda vez que es diputado del Congreso, mientras que las acusaciones populares lideradas por el PP sí han solicitado que se envíe al extitular de Transportes a la cárcel o que se le imponga una fianza de 650.000 euros tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela "ingresos irregulares".

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo ha solicitado este miércoles el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de la vista de medidas cautelares que se ha celebrado en el Tribunal Supremo después de que Ábalos se acogiese a su derecho a no declarar.

La decisión de Ábalos supone un cambio de estrategia respecto a la línea de defensa seguida hasta ahora, rechazando así dar explicación alguna sobre los "ingresos irregulares" de origen desconocido que han aflorado con las pesquisas.

Según las fuentes consultadas, el exministro ha señalado que se siente indefenso al considerar que en realidad no contaba con asistencia letrada, ya que el lunes intentó renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, alegando que tenían "diferencias irreconducibles". El instructor, Leopoldo Puente, no se lo permitió apreciando un "fraude de ley" y le impuso venir a la cita de este miércoles con su letrado habitual y, si así lo considera, hacer después el cambio.

En este punto, Ábalos ha intentado explicarse pero el magistrado le ha interrumpido para recordarle que "esto no es el Congreso" y que si decidía no declarar no era necesario que diese más explicaciones o hiciese alegato alguno.