Baleares rompe la regla de gasto y se dispara el déficit en Mallorca mientras el PP rechaza el "plato de lentejas" de Sánchez
El "hachazo" de la financiación: cada balear perderá hasta 480 euros en la condonación de deuda.
El caos financiero se apodera de las Islas. La AIReF confirma que Baleares ha pulverizado la regla de gasto en 2024 por una mezcla explosiva de sentencias judiciales, rebajas fiscales y subidas salariales. Mientras el Govern del PP tacha de "insulto" y "plato de lentejas" la condonación de deuda ofrecida por el Estado, los ayuntamientos de Palma y Calvià —bajo la influencia de PP y Vox— ven cómo sus números rojos se disparan, encendiendo todas las alarmas sobre la gestión pública.
El escenario económico de Baleares se tambalea entre el despilfarro y la asfixia. Un informe demoledor sobre el Plan Económico-Financiero (PEF) revela que la comunidad ha sufrido una desviación crítica de 11,9 puntos en 2024. ¿Los culpables? Según este análisis, ha sido una tormenta de operaciones no recurrentes, sentencias judiciales imprevistas y las medidas estrella del Govern: la rebaja del impuesto de Sucesiones, la gratuidad de la educación infantil y las mejoras salariales en sanidad.
El gasto se ha desbocado. Desde 2013, Baleares lidera el ranking nacional con un crecimiento del gasto computable del 4,6% anual, muy por encima de la media. Sin embargo, este flujo de dinero no tapa el agujero estructural. Joan Lladó (Per Mallorca) denuncia que seguimos siendo "segundos por la cola en inversión educativa y terceros en sanitaria", víctimas de un sistema que no compensa la insularidad.
La tensión política es máxima. El Govern balear ha dado un portazo a la propuesta de condonación de deuda de Sánchez —que nos dejaría con 313 euros menos que al resto en 2026— calificándola de "plato de lentejas" que no soluciona el expolio fiscal histórico. El PP advierte que aceptar ese trato es "una ruina".
Pero la paradoja estalla en casa: mientras se exige austeridad a Madrid, la deuda pública se está disparando en los municipios gobernados por PP y Vox, con Palma, Calvià y Llucmajor a la cabeza. Una gestión de "doble vara de medir" que preocupa a los expertos mientras los servicios públicos siguen al límite.
