El plan para blindar Mallorca exige quince años de residencia a los nuevos propietarios de alquiler turístico
Coalició PER MALLORCA presenta una ofensiva política en el Consell de Mallorca para transformar el reparto de plazas. La propuesta busca acabar con el actual sistema de lotería turística imponiendo criterios de arraigo, calidad y un estricto equilibrio territorial ante el colapso de las infraestructuras de la isla.
La gestión del turismo en la isla se acerca a un punto de inflexión estructural. Coalició PER MALLORCA ha registrado una moción de calado para el próximo pleno de la institución insular que pretende dinamitar el modelo de asignación de plazas vacacionales vigente. El núcleo de la propuesta es tan contundente como restrictivo: se requerirá acreditar una residencia mínima de 15 años en la isla para poder acceder a la titularidad de plazas turísticas de la bolsa temporal.
Roger Gotarredona, asesor de comunicación del partido, ha verbalizado el malestar social que genera la gestión actual. Según Gotarredona, el reparto no puede funcionar como una rifa mientras el territorio soporta una presión humana sin precedentes. El planteamiento de la formación no es un ataque frontal al sector, sino una defensa del propietario local. El objetivo de la formación mallorquinista es que el alquiler vacacional actúe como un complemento real a las rentas de las familias residentes y no como un nicho de negocio para capitales externos que aterrizan en la isla sin vinculación alguna.
Por su parte, Antoni Salas, portavoz en el Consell, ha incidido en la falta de rigor del ejecutivo insular. Salas sostiene que se están otorgando licencias sin analizar la capacidad de carga de cada zona ni la saturación de los servicios públicos. La moción de Coalició PER MALLORCA propone sustituir el azar por una métrica de sostenibilidad que priorice la excelencia del servicio y la descongestión de los núcleos más degradados por la masificación.
Esta iniciativa surge en un contexto de creciente malestar por la dificultad de acceso a la vivienda y la degradación de la convivencia en numerosos barrios residenciales. Con esta medida, se busca levantar un muro burocrático que desincentive la especulación inmobiliaria internacional que, según la formación, utiliza las licencias turísticas para disparar el valor de activos que no revierten beneficio social alguno en la comunidad mallorquina.
