El juez Juan Carlos Peinado ha informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

En un auto el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid cita a los tres a acudir a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18:00 horas, para la “comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado”, en la que las acusaciones deberán exponer los hechos y los delitos que les atribuyen.

Peinado ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta desempeño funciones privadas para Gómez.

El instructor explica que, aunque en un principio “se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella” de Vox dirigida contra Gómez y Álvarez, “la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”. En este sentido, insiste en que “ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación”.

Así las cosas, asegura que ha adoptado la decisión de transformar las diligencias a raíz de los tres investigados y de una serie de testigos, incluido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.