Cort licita el proyecto Ágora para la plaza Major mientras se abre el frente legal por la expropiación de los locales
La Junta de Govern del Ajuntament de Palma ha dado un paso administrativo clave este miércoles con la aprobación del expediente de contratación para redactar el proyecto integral de la plaza Major. El servicio, que desarrolla el anteproyecto ganador ‘Ágora’, cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros. Sin embargo, esta luz verde técnica llega en paralelo al complejo inicio del proceso de expropiación de los 25 locales del subsuelo, una operación de 4,2 millones de euros que podría derivar en una batalla jurídica por las tasaciones y los derechos de propiedad. La pregunta que la oposición se hace és por que no se ha cerrado legalmente el proceso antes de publicitarlo
El contrato, que se tramitará por procedimiento negociado sin publicidad, otorga al equipo de Barceló Balanzó Arquitectes y Scob Arquitectura i Paisatge la responsabilidad de diseñar la transformación definitiva del espacio. El plan previsto contempla la apertura de las actuales galerías para convertirlas en un atrio abierto dedicado a la cultura y el comercio, además de conectar La Rambla con la plaza mediante el soterramiento del acceso al aparcamiento.
A pesar del impulso institucional, el proyecto debe sortear ahora el "mundo real" de las galerías subterráneas. El expediente de expropiación forzosa, que entra ahora en fase de exposición pública, afecta a casi 2.000 metros cuadrados. La experiencia en otras reformas del centro sugiere que las alegaciones de los propietarios y la revisión de peritajes podrían dilatar los plazos de ejecución. A esto se suma la gestión de la actividad comercial que aún resiste en la zona —como una peluquería activa— y la situación de las personas sin hogar que duermen en las instalaciones dañadas.
Equilibrio entre modernidad y patrimonio
La reforma no solo es urbanística, sino que pretende albergar el futuro Centro de Interpretación de la Ciudad. Para que el proyecto Ágora no quede estancado en los despachos, Cort deberá equilibrar la agilidad administrativa con el respeto escrupuloso a la normativa de patrimonio, fundamental en un entorno que afecta a la memoria histórica de Palma. La financiación, que depende en parte del Impuesto de Turismo Sostenible, obliga a cumplir con unos plazos que ahora dependen de la resolución de este frente judicial y social.
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