Milei sacude los cimientos de la memoria histórica con un polémico video oficial sobre la dictadura
El Ejecutivo ultraderechista rompe el consenso democrático al utilizar la Casa Rosada para cuestionar la cifra de desaparecidos y equiparar el terrorismo de Estado con la violencia guerrillera. La judicatura argentina se consolida como un referente internacional tras dictar más de 1.200 sentencias que confirman la existencia de un plan sistemático de exterminio.
El 24 de marzo en Argentina ya no es solo una jornada de duelo; se ha transformado en un campo de batalla por el relato. A medio siglo del inicio de la dictadura más sanguinaria del Cono Sur, el Gobierno de Javier Milei ha sacudido los pilares de la transición con una pieza audiovisual de 74 minutos. En ella, la versión oficial se distancia de la sentencia del Juicio a las Juntas para centrarse en lo que denominan "memoria completa", otorgando protagonismo a víctimas de las organizaciones armadas y a una nieta recuperada que defiende a sus apropiadores.
La producción, grabada en un Salón Blanco desierto, busca desarticular lo que el oficialismo califica como "negocio de los derechos humanos". Sin embargo, la respuesta en las plazas ha sido masiva. Diarios internacionales como El País y The Guardian destacan que las calles se desbordaron con una consigna unánime: "Son 30.000". Mientras el documento oficial resalta el testimonio de Miriam Fernández —quien solicita "paz para el pasado" tras ser inscrita ilegalmente por un policía condenado—, los organismos de derechos humanos denuncian una estrategia para exculpar crímenes de lesa humanidad.
La rigurosidad histórica recuerda que, bajo el mando de Videla, Massera y Agosti, se establecieron más de 800 centros clandestinos. Frente a la "teoría de los dos demonios" que intenta reflotar el Ejecutivo, las Abuelas de Plaza de Mayo mantienen su búsqueda: aún faltan cientos de identidades por restituir. La brecha entre el despacho presidencial y la movilización popular nunca fue tan profunda.
La respuesta social al documento gubernamental se materializó en una movilización sin precedentes que desbordó el eje cívico de Buenos Aires. Bajo una marea de pañuelos blancos, cientos de miles de ciudadanos blindaron el consenso democrático frente a cualquier tentativa de revisionismo. Las consignas de las Abuelas de Plaza de Mayo resonaron con una vigencia renovada, transformando el aniversario en un acto de resistencia colectiva contra el olvido. Esta demostración de músculo popular reafirma que la memoria en Argentina no es un objeto estático de museo, sino un cortafuegos activo contra la impunidad estatal.