Estados Unidos procesa al gobernador de Sinaloa por vínculos con el cartel de los Chapitos
La Justicia de Estados Unidos ha formalizado una acusación histórica contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien vincula directamente con operaciones de narcotráfico a gran escala. El escrito de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que el mandatario regional conspiró para facilitar la entrada de fentanilo, cocaína y otras sustancias prohibidas en territorio estadounidense a cambio de financiación para sus campañas y protección política. Esta ofensiva judicial del Departamento de Justicia incluye a otros nueve funcionarios y excolaboradores de la administración mexicana, lo que ha generado una respuesta inmediata de la Cancillería de México rechazando la falta de evidencias en las solicitudes de extradición.
La administración de Claudia Sheinbaum afronta su primer gran conflicto diplomático de calado con Washington. La imputación contra Rubén Rocha Moya no es un movimiento aislado, sino que forma parte de una estrategia agresiva de la DEA y el Departamento de Justicia para desmantelar las redes de protección institucional que permiten operar al Cartel de Sinaloa. Según los documentos desclasificados el pasado miércoles, el gobernador habría utilizado su cargo para favorecer a la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ayudándoles a consolidar su poder mediante la eliminación de rivales políticos y el control de rutas estratégicas.
Terrance Cole, administrador de la DEA, ha sido tajante al calificar a la organización criminal como una entidad terrorista que sobrevive gracias a la corrupción de figuras de confianza pública. La acusación detalla que el apoyo del cartel fue determinante para la victoria electoral de Rocha en 2021, presuntamente mediante tácticas de intimidación y secuestro de opositores. Junto al gobernador, figuran nombres de peso como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, evidenciando una supuesta infiltración sistémica en diversos niveles del Estado.
Desde Ciudad de México, la reacción ha sido de cautela. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado la recepción de las órdenes de detención, pero sostiene que los expedientes remitidos por la embajada carecen de los elementos probatorios necesarios para proceder con los arrestos. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado la apertura de una carpeta de investigación propia para verificar si las pruebas presentadas por Nueva York tienen sustento legal en jurisdicción mexicana.
Este escenario pone a prueba la relación bilateral en materia de seguridad, especialmente bajo la actual administración de Donald Trump, que ha priorizado la lucha contra el fentanilo como una cuestión de seguridad nacional. Mientras el gobernador Rocha asegura que los cargos son infundados y obedecen a intereses electorales para dañar a su partido, Morena, la presión de la fiscalía liderada por Jay Clayton sugiere que el proceso judicial solo acaba de empezar.
¿Consideras que la presión judicial de EE. UU. logrará limpiar las instituciones mexicanas o solo aumentará la tensión diplomática entre ambos países?
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