«¡Okupa fueras!»: El choque en la calle Berlín de Palma expone el lucrativo y alegal negocio de la desokupación
Las denuncias por okupación ilegal de viviendas en Baleares se situaron en 433 casos durante el último año, registrando un descenso interanual del 15,7% según los datos oficiales del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Pese a esta bajada en el archipiélago, el conflicto inmobiliario sigue generando una extrema tensión social y económica que ha propiciado el auge de la presión paralegal en las calles de Palma .
Una zona alegal sin control administrativo
El fenómeno choca directamente con la inacción institucional y el vacío normativo. Ni el Ministerio del Interior ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) cuentan con un censo oficial o un epígrafe específico que permita auditar cuántas empresas de este tipo operan realmente en las islas o cuántas actuaciones extrajudiciales ejecutan al margen de los tribunales.
Mientras operan formalmente bajo contratos de mediación civil o servicios de control de accesos, sus métodos rozan frecuentemente la delgada línea de la ilegalidad. La falta de homologación o supervisión por parte de organismos autonómicos deja a los propietarios y a los propios ocupantes en un limbo jurídico donde la actuación policial muchas veces se ve limitada por la lentitud de los procesos judiciales.
El riesgo penal de las coacciones
El conflicto salta a los juzgados de forma estrictamente casuística. Las Audiencias Provinciales y los tribunales resuelven estos casos emitiendo condenas por delitos leves de coacciones cuando los afectados logran acreditar vigilancias permanentes, presiones intimidatorias o entradas no autorizadas que vulneran los derechos fundamentales.
¿Consideras que la actual legislación no protege con garantías a los propietarios en Mallorca o debería prohibirse la actuación de estas agencias extrajudiciales? Déjanos tu opinión en los comentarios en nuestro Instagram o (4) Facebook.
