PIMEM exige al Govern de Prohens aceptar los 412 millones de Hacienda para evitar el colapso de los servicios públicos
La patronal de la pequeña y mediana empresa se enfrenta al Govern ante la negativa de Marga Prohens a recibir la nueva financiación estatal. El sector productivo advierte de que el bloqueo institucional por intereses partidistas en Madrid está asfixiando los servicios públicos y la competitividad de las islas, mientras los centros hospitalarios y educativos sufren las consecuencias directas de la falta de inversión.
Baleares se enfrenta a un desafío de sostenibilidad fiscal en el que la resolución del déficit de financiación resulta crítica para garantizar la solvencia del gasto público y evitar el deterioro estructural de sus servicios básicos.
Ayer, el catedrático Guillem López Casasnoves y la patronal PIMEM analizaron la propuesta de financiación estatal con una conclusión agridulce: hay avances, pero el riesgo de que todo acabe en un "juego de trileros" por parte de PSOE/SUMAR es real. Según Casasnoves, aunque se prevén 421 millones de euros para 2027 y aumenta la capacidad fiscal en IVA e IRPF, la letra pequeña esconde amenazas serias como la pérdida de peso del factor insularidad.
Mientras el Govern de Marga Prohens tilda la oferta de "chantaje" y "espejismo" para no romper la disciplina de voto con Génova, la realidad en la calle no espera. El presidente de PIMEM, Jordi Mora, fue contundente: tras doce años con un sistema caducado y un déficit asfixiante, Balears necesita ese dinero para sanidad, educación e infraestructuras y no perder competitivIdad. Para la patronal, es hora de superar la "guerra de banderas" y mirar los datos técnicos: sin inversión en innovación y formación, las pymes y autónomos de Mallorca están condenados.
El análisis técnico de Casasnoves arroja sombras sobre el optimismo inicial. El experto lamentó que no se haya incluido el coste de la vida ni la densidad demográfica por la inmigración en los cálculos, situando a las islas en la "situación más peligrosa" de todas las comunidades. Además, advirtió que en los foros multilaterales Baleares siempre pierde ante la "España vacía", por lo que exigió una negociación bilateral similar a la de Cataluña, algo que el Govern actual parece rechazar por estrategia política y subordinación a Génova.
Esta reacción de la patronal se suma a la ofensiva iniciada el pasado 9 de enero por la Coalición Per Mallorca. Su coordinador, Joan Serra, ya advirtió entonces de las consecuencias de supeditar los intereses de las islas a la estrategia nacional del Partido Popular. Para la formación, a pesar de recordar el largo historial de promesas incumplidas de los socialistas, el rechazo a estos fondos por "motivos partidistas" tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. La situación ha pasado de ser una discrepancia política a una urgencia de gestión que afecta a los pilares del bienestar.
En el otro lado del tablero, el Partido Popular de las Islas Baleares mantiene una posición de resistencia absoluta. Desde el entorno de Marga Prohens, el discurso es tajante: los 412 millones de euros no son un regalo, sino una "limosna envenenada" destinada a desactivar la exigencia de una reforma profunda y justa del sistema de financiación. Fuentes del Govern aseguran que aceptar esta propuesta supondría validar un modelo que, a largo plazo, sigue perjudicando a Balears en favor de intereses territoriales cruzados en Madrid. Para el PP, su postura de defensa de los intereses de las islas se enfrenta a la línea de Feijoo del “café para todos”.
Esta divergencia ha provocado una polarización extrema en el debate público que amenaza con paralizar la gestión diaria. Mientras la calle y el sector empresarial exigen soluciones urgentes para las carreteras, sanidad o la red educativa, la política se ha enrocado en una guerra de trincheras donde la economía se utiliza como arma arrojadiza. La brecha entre el "pragmatismo" que reclama PIMEM y la "igualdad fiscal" que defiende el Govern es cada vez más profunda, dejando al ciudadano en un limbo peligroso.
El riesgo para las Islas es evidente: si el debate sigue estancado en el choque ideológico, la parálisis administrativa podría cronificarse. La polarización no solo aleja la posibilidad de alcanzar un pacto nacional por la financiación, sino que erosiona la confianza en las instituciones. En este escenario de "todo o nada", Baleares se juega no solo 412 millones, sino su capacidad para mantener un Estado de Bienestar que hoy, más que nunca, se siente en peligro.
