Balears culmina el mapa del amianto y fija el cronograma para su retirada definitiva en 2028
El Govern impulsa un censo exhaustivo para identificar todas las infraestructuras con fibrocemento en el archipiélago. Este plan de choque, coordinado con los ayuntamientos, busca cumplir con la normativa estatal y europea para garantizar un entorno libre de materiales tóxicos en menos de dos años, priorizando colegios y edificios públicos.
Las Balears dan un paso decisivo hacia la seguridad ambiental. El Govern, a través de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, presenta el censo oficial y el mapa de fibrocemento de las islas, una herramienta técnica que permite localizar con precisión de coordenadas cada cubierta o conducción que aún contiene este material. Este registro es el pilar fundamental para cumplir con la Ley de Residuos, que exige que para 2028 no quede ni rastro de amianto en las edificaciones de titularidad pública.
El despliegue de este mapa no es un simple inventario. La administración autonómica utiliza tecnología de teledetección y drones para peinar polígonos industriales y zonas residenciales. Según los datos que maneja el CAIB, la presencia de este material sigue siendo significativa en infraestructuras hidráulicas y naves industriales construidas antes de 2002. La rigurosidad del censo responde a la necesidad de planificar una retirada controlada, evitando que las fibras se liberen al aire durante el proceso de desmantelamiento.
Desde la administración se destaca que este esfuerzo es una cuestión de responsabilidad generacional, impulsando esta medida bajo la premisa de que la salud de los ciudadanos y la calidad de los espacios comunes son innegociables. Los ayuntamientos tienen ahora la hoja de ruta necesaria para ejecutar los trabajos de desamiantado en edificios municipales y redes de saneamiento, contando con el respaldo técnico y financiero del Ejecutivo.
El reto es ambicioso: Balears aspira a ser una de las primeras comunidades autónomas en completar la erradicación del amianto. Los sectores más sensibles, como los centros educativos y deportivos, ya están en la fase final de intervención. El rigor técnico del nuevo mapa asegura que ninguna infraestructura, por pequeña que sea, quede fuera del radar administrativo en esta carrera por la salud.
ESTIMACIONES DEL CENSO DE AMIANTO EN BALEARES (FEBRERO 2026)
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Categoría de infraestructura |
Presencia estimada (toneladas) |
Plazo límite de retirada |
|---|---|---|
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Centros Educativos y Salud |
10.200 t |
Diciembre 2026 |
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Edificios Públicos Municipales |
48.500 t |
Mayo 2028 |
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Polígonos Industriales |
185.000 t |
2030 (Plan progresivo) |
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Redes de Abastecimiento (Tuberías) |
980 km |
2028 |
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Viviendas Privadas (Estimación) |
220.000 t |
Sujeto a ayudas CAIB |
La retirada de la uralita con amianto en España es obligatoria cuando el material alcanza el fin de su vida útil (entre 20 y 30 años) o presenta signos de deterioro. Según la normativa vigente, estos materiales instalados antes de 2002 son peligrosos debido a la liberación de fibras de asbesto, agentes cancerígenos que afectan al sistema respiratorio.
La ley prohíbe reparaciones y exige que empresas especializadas realicen el desmontaje bajo estrictos protocolos de seguridad. El coste de retirada oscila entre 20 y 45 euros por metro cuadrado, siendo responsabilidad del propietario o comunidad asegurar la salud pública mediante su eliminación o encapsulado preventivo.
