Cables al aire, goteras y el miedo de las víctimas: la "ratonera" de los juzgados de Palma e Inca estalla
El sindicato CSIF ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo tras detectar deficiencias "graves" que ponen en peligro la vida de funcionarios y ciudadanos. La falta de espacio en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y el caos tras la implantación de los tribunales de instancia han convertido las sedes judiciales en un escenario de alto riesgo.
La Justicia en Balears no solo es lenta, ahora también es peligrosa. Lo que debería ser un templo de la ley y la seguridad se ha transformado, según la última denuncia del sindicato CSIF, en una auténtica carrera de obstáculos donde el riesgo eléctrico y las humedades campan a sus anchas. La organización sindical no ha aguantado más y ha exigido a la Inspección de Trabajo la apertura inmediata de un expediente sancionador ante lo que consideran un abandono intolerable por parte del Ministerio.
El relato de los hechos, documentado por los delegados José Antonio Muñoz y Pablo Rodríguez, describe un panorama desolador. En Palma, la "improvisada" puesta en marcha de los Tribunales de Instancia ha dejado un rastro de cables de datos y electricidad cruzando pasillos, tomas de corriente al descubierto y accesos que parecen más una gincana que una oficina pública. Las recientes lluvias han terminado de dinamitar la situación: las goteras han empezado a castigar los puestos de trabajo, obligando a los funcionarios a convivir con el agua y el miedo a un cortocircuito.
El drama de Inca: víctimas sin protección
Pero si hay un punto donde la indignación se torna en dolor es en los juzgados de Inca. Allí, la sede encargada de los casos de violencia de género se ha quedado pequeña, pequeña hasta la asfixia. No hay distancias de seguridad, no hay intimidad para las víctimas y, lo más grave, no hay garantías para quienes trabajan allí.
El sindicato ha recordado con amargura el incidente traumático ocurrido el año pasado: un detenido protagonizó un episodio violento que dejó secuelas psicológicas graves en una funcionaria. Hoy, lejos de mejorar, las condiciones son peores. "Es una ratonera", advierten desde CSIF, señalando que la falta de previsión está exponiendo a mujeres vulnerables y a empleados públicos a situaciones de violencia física y psicológica que se podrían evitar con una inversión mínima en infraestructuras.
La denuncia es un grito de auxilio ante una gerencia de justicia que parece mirar hacia otro lado mientras los techos lloran y los cables chispean. La seguridad no puede ser un lujo, y menos cuando lo que está en juego es la integridad de quienes buscan justicia y de quienes la imparten.
