La bomba del "jefe invisible" de los 85.000€ en EMAYA: USTE denuncia el silencio municipal y apunta a la vía penal
La organización sindical USTE denuncia el blindaje de un "directivo invisible" de EMAYA que cobra 85.000€ sin dar un palo al agua, acusando al alcalde Jaime Martínez y al concejal Llorenç Bauzá de pisotear la Ley Anticorrupción.
Si la justicia confirma los graves delitos señalados por USTE, el alcalde y el concejal se enfrentarían a penas severas. La presunta malversación y el encubrimiento de un sueldo de 85.000€ podrían acarrear condenas de hasta seis años de prisión. Además, la prevaricación administrativa por el "silencio ilegal" implicaría su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante un máximo de quince años.
PALMA.– "La impunidad y el secuestro institucional mandan en Palma". Con esta contundencia arranca la durísima acusación que la Unión Sindical de Trabajadores de Empresa (USTE), liderada por su Secretario General Francisco José Castillo Navarro, acaba de lanzar contra el alcalde Jaime Martínez y el presidente de EMAYA, Llorenç Bauzá, situándolos directamente en la diana judicial.
Según el dossier oficial remitido por USTE, ambos mandatarios estarían incurriendo en un "silencio ilegal" y en un presunto delito de encubrimiento
El "jefe invisible" de los 85.000 euros
El núcleo de la denuncia de USTE apunta directamente a Vicente Vilches Campos, Secretario General del sindicato SITEMAYA
Sostiene USTE en su nota: "Su nombre ha sido borrado del organigrama de transparencia para simular una inexistencia funcional mientras el dinero sigue fluyendo"
Esta situación ha provocado que toda la oposición en bloque (VOX, PSOE, MÉS y Podemos) exija de forma unánime que devuelva el dinero
Ultimátum de USTE: Que entre la justicia
Ante lo que consideran una "parálisis intolerable" y complicidad por parte de Bauzá y Martínez, USTE ha elevado la presión al máximo
El sindicato exige una auditoría externa y que las autoridades judiciales ordenen la entrada e investigación en las dependencias municipales para evitar la destrucción de pruebas de lo que califican como el mayor escándalo de malversación encubierta de Palma
