La Policía Nacional detiene en Palma a una pareja por captar mujeres y hombres para la prostitución
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular y la explotación sexual. Los agentes del Grupo 1 de la UCRIF detuvieron a un hombre de nacionalidad española y a una mujer de origen sudamericano que captaban a sus víctimas en el país de origen de la arrestada. Una vez en la isla, las mujeres eran trasladadas a tres chalets de la zona de Playa de Palma, donde las empadronaban para simular una situación de legalidad mientras las obligaban a ejercer la prostitución bajo un sistema de alquileres abusivos.
La investigación comenzó al detectar el elevado nivel de vida de los sospechosos, incompatible con sus ingresos oficiales: el varón percibía una pensión contributiva y la mujer carecía de actividad laboral declarada. La pareja utilizaba los inmuebles para alojar a las víctimas en habitaciones compartidas por las que cobraban entre 350 y 400 euros semanales a cada una. Este sistema de arrendamiento encubierto permitía a los detenidos blanquear los beneficios de la explotación, generando unos ingresos mensuales estimados de hasta 22.400 euros, sin contar la venta de consumiciones en el interior de los prostíbulos clandestinos.
La operación policial ha logrado identificar a más de veinte víctimas, entre las que se encontraba un hombre. Los registros confirman que el entramado operaba con una estructura profesionalizada, utilizando el empadronamiento masivo como herramienta para facilitar la estancia irregular de los recién llegados. Los detenidos ya han pasado a disposición judicial acusados de delitos relativos a la prostitución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los detenidos en Palma se enfrentan a condenas que podrían sumar entre 4 y 9 años de prisión al concurrir delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y explotación sexual. El Código Penal castiga el lucro mediante la prostitución ajena con penas de hasta 4 años, agravadas aquí por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A esto se añade el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, que conlleva hasta 5 años de cárcel. Además de la privación de libertad, la pareja afronta multas económicas severas y el decomiso de los beneficios ilícitos obtenidos mediante los alquileres abusivos.
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