De hacer pintadas contra la masificación del turismo al "crimen organizado": afrontan hasta 7 años de prisión
La tensión por la masificación turística en Mallorca ha dado un salto judicial sin precedentes. Tras ser detenidas bajo custodia policial, la autoridad judicial ha imputado a dos activistas por pertenencia a organización criminal, daños intencionados y daños contra el patrimonio. Una calificación penal reservada habitualmente para mafias o redes de narcotráfico, y que sitúa a las jóvenes ante un horizonte de penas que supera ampliamente los cinco años de prisión.
La detención de dos jóvenes de 28 años en la localidad de Santa Maria del Camí ha abierto un nuevo e intenso capítulo en el conflicto social que rodea al turismo de masas en las Islas Baleares.
Las arrestadas, vinculadas a movimientos de apoyo a la plataforma Menys Turisme, Més Vida, fueron conducidas bajo custodia policial ante el juzgado de guardia de Palma tras acogerse a su derecho a no declarar ante los agentes. La Guardia Civil investiga su supuesta implicación en la vandalización de cinco oficinas inmobiliarias el pasado 31 de mayo.
El salto al "crimen organizado"
Lo que comenzó como una acción de protesta con pegamento en las cerraduras, pasquines y pintadas en fachadas se ha convertido en una causa penal de envergadura bajo la "Operación Grafito". La gran novedad de última hora radica en la calificación provisional del juzgado, que imputa a las jóvenes el delito de pertenencia a organización criminal, sumado a los daños contra el patrimonio (al estar uno de los inmuebles catalogado como Bien de Interés Cultural).
Esta combinación penal destruye el escenario de una condena menor. Solo el delito de organización criminal puede acarrear penas de uno a cuatro años de cárcel, que se sumarían a los hasta tres años previstos por los daños en el patrimonio.
El contraste de las penas
La posibilidad de que una acción de protesta gráfica pueda terminar en penas que superan los cinco años de cárcel por "organización criminal" ha desatado una profunda indignación en el tejido social.
En el Código Penal español, penas de esta magnitud se reservan para delitos de extrema gravedad, como homicidios por imprudencia grave, robos con fuerza continuados o la actividad de verdaderas redes mafiosas y de narcotráfico. La equiparación de colgar pasquines contra la turistificación con la delincuencia organizada ha llevado a los colectivos sociales a denunciar una "campaña de criminalización" sin precedentes para amedrentar al movimiento de cara al verano.
Mientras tanto, las detenidas han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio, bajo un clima de máxima tensión a escasas semanas de la gran manifestación convocada para el próximo 26 de julio en Palma.
