Coalició PER MALLORCA rompe el tabú: exigirá la expulsión exprés de migrantes irregulares con antecedentes penales
Coalició PER MALLORCA lleva al Consell de Mallorca una moción para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la repatriación automática de los migrantes sin papeles condenados por la justicia. La propuesta busca resolver el abismo entre las leyes y su aplicación real en un momento de tensión en los barrios y municipios de la isla.
Las imágenes de Ceuta, con la Guardia Civil al límite y el presidente Juan Vivas pidiendo ayuda urgente ante el constante cruce a nado, vuelven a poner sobre la mesa la fragilidad de las fronteras. El debate sobre cómo gestionar la inmigración sin papeles llega ahora al pleno del Consell de Mallorca.
Coalició PER MALLORCA ha presentado una iniciativa para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aplique la ley con la máxima firmeza: que cualquier ciudadano extranjero en situación irregular que sea condenado por un delito penal sea expulsado de España de forma preferente.
El portavoz de la formación mallorquinista en el Consell, Antoni Salas, argumenta que la medida no busca perseguir a los migrantes que vienen a trabajar y a integrarse, sino cortar de raíz la delincuencia reincidente. Para lograrlo, reclama una acción directa y coordinada entre la Fiscalía, los juzgados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Extranjería.
La propuesta cobra un peso decisivo al sacar a la luz la gran grieta del sistema actual: en España, entre el 80% y el 90% de las órdenes de expulsión dictadas se quedan en un simple papel y jamás se ejecutan.
Esta ineficacia responde a un complejo bucle legal, administrativo y logístico. Con frecuencia, los países de origen bloquean las identificaciones o dilatan la recepción de sus nacionales. A esta traba diplomática se suma el atasco en los juzgados, la presentación a última hora de solicitudes de asilo para frenar los expedientes y la protección legal por arraigo familiar o social.
Por si fuera poco, la escasez de vuelos de repatriación y la falta de plazas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) imponen un freno definitivo: al alcanzarse el límite legal de 60 días de internamiento sin haber completado la deportación, la Policía Nacional está obligada a poner a la persona en libertad dentro del territorio nacional.
Desde Coalició PER MALLORCA señalan que esta falta de herramientas genera desprotección en los barrios y municipios de la isla. A juicio del grupo mallorquinista, las regularizaciones MASIVAS del Gobierno central y el aumento de población han sobrecargado los servicios públicos y aumentado la preocupación en calles y barrios.
Con esta moción, Antoni Salas defiende que la ley debe aplicarse para todos por igual. Coalició PER MALLORCA insiste en que distinguir entre quien cumple las normas y quien comete delitos es imprescindible para mantener la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones.
