Los socorristas plantan al alcalde Amengual y van a la huelga
La grave crisis que vive el litoral del municipio amenaza con traspasar las fronteras insulares. Cuando faltan pocas horas para el inicio de una nueva huelga de los socorristas de Calvià, la gestión de la seguridad en las playas se sitúa en el centro de la polémica, poniendo sobre la mesa un interrogante inevitable para la próxima edición de Fitur: ¿acudirá el consistorio a la feria internacional de turismo presumiendo de paraíso vacacional mientras se multiplican las denuncias por torres rotas y falta de asistencia?
Las claves del conflicto en el litoral
En un referente turístico mundial como las playas de Calvià, las reclamaciones de la Unió de Socorristes exudan una precariedad que pone en jaque la seguridad del destino, no hablan sólo de precariedad laboral extrema, también de una falta de control de seguridad hacia el usuario de las playas:
- Torres de vigilancia: Denuncian que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y presentan un notable deterioro, como ocurre en el arenal de La Romana.
- Falta de puestos: La playa de Illetes no cuenta con caseta de socorro, por lo que las asistencias médicas deben realizarse directamente sobre la arena.
- Carencias para PMR: El servicio de accesibilidad para personas con movilidad reducida solo funciona en 4 de las 11 playas vigiladas.
- Ajuste de fechas y nóminas: Exigen ampliar el servicio hasta el 30 de noviembre en consonancia con la explotación comercial y denuncian retrasos en el cobro de las liquidaciones.
Este suceso se suma a la creciente tensión laboral y las protestas que hemos analizado recientemente en el litoral de Mallorca:
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El argumentario de los responsables municipales
Frente a las demandas, el equipo de gobierno municipal tachó de "irresponsabilidad" la convocatoria del paro. La teniente de alcalde de Litoral, Elisa Monserrat, defendió que las decisiones institucionales no se toman bajo presiones ni amenazas.
Català y Amengual Desde el Consistorio recalcaron que ya existía un compromiso para estudiar un informe de riesgos y acometer mejoras económicas importantes en las instalaciones. Sin embargo, escudarse en que las reivindicaciones salariales pendientes corresponden a la empresa concesionaria —tal como apuntó la teniente de alcalde de Seguridad, Esperanza Catalá— deja sin respuesta directa la responsabilidad del Ayuntamiento en la supervisión de un servicio público esencial.
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