El desalojo de la antigua prisión se enfrenta a un laberinto legal que podría durar hasta dos añosantigua prisión
El Ayuntamiento de Palma ha activado la cuenta atrás de cinco días para que los ocupantes abandonen la antigua cárcel, pero la resolución administrativa choca con la cruda realidad de los plazos judiciales en España. A pesar de la contundencia de Cort al desestimar las alegaciones y alertar sobre casos de tuberculosis y hantavirus, expertos jurídicos advierten de que, si los ocupantes recurren a instancias superiores, el conflicto podría no resolverse definitivamente hasta 2028. La media de un desahucio por precario en juzgados saturados como los de Baleares oscila entre los 15 y 18 meses, pero la judicialización extrema puede elevar la espera a los dos años.
La orden municipal, aunque firme, queda en suspenso frente al derecho a la tutela judicial efectiva. Una vez agotada la vía administrativa esta semana, el consistorio debe acudir al juzgado para solicitar el lanzamiento forzoso. En este punto, los ocupantes pueden solicitar justicia gratuita —lo que detiene los plazos hasta tres meses— y presentar recursos de apelación ante la Audiencia Provincial. Esta estrategia de defensa, sumada a la prórroga de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables vigente hasta finales de 2026, sitúa a los vecinos de Cas Capiscol ante un escenario de "eterna espera" mientras el foco infeccioso sigue activo a las puertas de sus casas.
Desde la Asociación de Vecinos de Cas Capiscol, se ha manifestado en reiteradas ocasiones el escepticismo del barrio ante un proceso que amenaza con convertirse en un "túnel sin salida". Muchos residentes critican que, tras ocho años de inacción de la izquierda, ahora el proceso se vea frenado por un sistema garantista que no tiene en cuenta la urgencia sanitaria. Mientras el equipo de Jaime Martínez busca vías rápidas, el fantasma de la tuberculosis y la peste sigue presente en un edificio que, según los informes técnicos, ya es una amenaza biológica incontrolable para toda Palma.
La exigencia de la izquierda de supeditar el desalojo a una solución habitacional inmediata despierta el temor a un agravio comparativo sin precedentes en la ciudad. Si el Ayuntamiento de Palma otorga viviendas de forma prioritaria a los ocupantes de la prisión, miles de caravanistas que pernoctan en vehículos por falta de recursos y familias que malviven en asentamientos chabolistas podrían reclamar el mismo privilegio. Este "efecto llamada" colapsaría los servicios sociales, incentivando la ocupación de inmuebles degradados como vía rápida para acceder a una casa pública frente a quienes aguardan años en las listas oficiales.
¿Debería la ley permitir desalojos exprés inmediatos cuando se certifica un riesgo para la salud pública?
Mallorca al día: la actualidad a un clic de distancia
