En un momento en el que llenar la cesta básica se ha convertido en un ejercicio de resistencia, donde con 50€ llenábamos el carro grande de la compra y hoy nos sobra con el pequeño, la decisión de la Mesa del Congreso —con mayoría de PSOE y Sumar— de suprimir la rebaja del IVA sobre alimentos esenciales ha generado un nuevo terremoto político. La propuesta, impulsada por el PP en el Senado, planteaba un alivio temporal entre enero y junio de 2026: IVA del 4 % para carnes, pescados y conservas, y eliminación total del impuesto para leche, huevos, quesos, frutas, verduras y legumbres.

La medida había superado el trámite en la Cámara Alta pese al primer intento del Gobierno de frenarla, alegando que su aprobación provocaría una merma de ingresos públicos valorada en 3.780 millones de euros. Sin embargo, el Senado —con mayoría popular— optó por seguir adelante.

Pero el recorrido terminó al llegar al Congreso. La Mesa aceptó el nuevo escrito de disconformidad presentado por el Ejecutivo, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para impedir cualquier iniciativa que suponga un impacto presupuestario no previsto. Con ello, la enmienda quedó automáticamente fuera de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, reeditando el mismo conflicto institucional que ya se vivió durante la tramitación de la Ley de Desperdicio Alimentario.

Mientras tanto, familias y consumidores afrontan un escenario conocido: productos como la leche o los huevos continúan con precios al alza, sin señales de un respiro fiscal a corto plazo. La disputa entre Congreso y Senado vuelve a quedar en primer plano, pero el bolsillo de los ciudadanos sigue siendo el gran ausente en la ecuación.